Después de estudiar las diferentes denuncias presentadas por accionistas minoritarios por actuaciones en la empresa química durante el mandato de Rafael Español, que acabó en 2009, la Fiscalía de Delitos Económicos ha redactado un esbozo de querella que ha hecho llegar en forma de propuesta de acciones al Fiscal General para que éste decida si presentan querella contra los ex gestores, según han informado a Efe fuentes judiciales.
El escrito propone que la querella se dirija contra Rafael Español y al menos una quincena de ex directivos de este grupo químico, que se encuentra inmerso todavía en una crisis que podría tener sus orígenes en la descapitalización que sufrió durante años.
Sin embargo, en la propuesta de querella no aparece como posible imputado el nombre del que fue también presidente de La Seda José Luis Morlanes, que ocupó este cargo hasta el pasado mes de octubre y que en este momento es vicepresidente.
El consejo de administración de la empresa química aprobó el 14 de octubre el cese de Morlanes, y el nombramiento como sustituto del miembro de la empresa Ba Vidro Carlos Moreira, accionista de referencia de la firma tras la ampliación de capital que se llevó a cabo hace unos meses.
Pese a que Morlanes no figura en las diligencias abiertas por la Fiscalía de Barcelona, todavía queda por investigar más a fondo presuntas irregularidades en la gestión de la inmobiliaria Inmoseda, en cuya gestión estaba implicado el ex presidente que continúa en la junta de La Seda como vicepresidente.
Entre las presuntas irregularidades que sí ha investigado la Fiscalía, destacan dos préstamos de 19,8 millones de euros otorgados a la empresa Jatroil para un negocio de biodiésel y que no fueron devueltos.
La mayor parte de este dinero, que debía servir para comprar terrenos para el desarrollo de proyectos agroenergéticos, podría haber acabado invirtiéndose en una promoción inmobiliaria en Ibiza a través de la sociedad Nuevo Sol Granadella, controlada por un familiar de empresarios de Castellón, los Mondedeu.
Otras de las irregularidades hacen referencia a presuntas ventas ficticias a Túnez y Rusia que, según un informe especial de la consultora KPMG, se realizaron pero no se contabilizaron para ocultar pérdidas.
Para hacer frente a la difícil situación económica en la que quedó La Seda, que al cierre de 2008 acumulaba unas pérdidas de 565 millones de euros, la empresa ha llevado a cabo una ampliación de capital y ha puesto en marcha una reconversión industrial con el cierre o venta de fábricas.
Además de las diligencias policiales que incluyen los interrogatorios a una quincena de ex directivos, el escrito de la Fiscalía de Delitos Económicos lleva anexionados los documentos facilitados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con los expedientes abiertos a La Seda.
El hecho de que las presuntas irregularidades contables puedan tener múltiples perjudicados, distribuidos por Cataluña y otros puntos del territorio español, y de que se trate de conductas que se consideran graves porque afectan a la economía nacional, además de ser tramas complejas, ha recomendado el traslado de la investigación a la Fiscalía General.
Sin embargo, todavía es posible que el caso acabe de nuevo en Cataluña si el equipo del Fiscal General decide que las diligencias vuelvan a Barcelona, después de estudiarlas.
Los accionistas minoritarios de La Seda han ido desperdigando denuncias contra los ex gestores de la empresa en varios juzgados, tanto de Barcelona, donde el grupo tuvo ubicada su sede social hasta el 2007, como en El Prat de Llobregat (Barcelona), ciudad donde se encuentra ahora la sede y la histórica fábrica.