La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) considera "imposible" reducir la deuda pública al 60% de aquí a 2020, tal y como exige la disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y pide retrasar el objetivo al menos hasta 2025.
Así consta en un documento de Funcas recogido por Europa Press en el que explica que la "fortísima" acumulación de deuda en los últimos tres años obliga a revisar ese objetivo para hacerlo "creíble y factible".
De hecho, asegura que para conseguirlo en 2020 habría que mantener combinaciones de crecimiento del PIB nominal y de superávit presupuestario "claramente incompatibles" con las proyecciones macroeconómicas disponibles, incluso las más optimistas.
Como ejemplo, Funcas dice que se necesitaría un crecimiento nominal del 5% y un superávit total equivalente al 3% del PIB, o un crecimiento del 8% y un superávit del 1%, una combinación más parecida a la de los años previos a la recesión.
Según la fundación, con una deuda del 70% como la que existía cuando se redactó la disposición de la ley, el objetivo del 60% podría parecer "razonable" para un periodo de nueve años y "coherente" con los objetivos fiscales. "Con una deuda en la barrera del 100% el objetivo se ha convertido en un imposible", advierte.
Puesto que la disposición contempla una revisión en 2015 de las sendas de reducción de déficit y deuda, Funcas cree que el Gobierno debería aprovechar la oportunidad para modificar "sustancialmente" el objetivo. En concreto, propone ampliar el periodo de transición al menos hasta el 2025 y soslayar los "duros requisitos" sobre la dinámica del gasto para reducir el volumen de deuda.
En todo caso, cree que debe quedar claro que la reducción de la deuda pública será "automática y rápida" cuando se consolide la recuperación, el déficit estructural se aproxime a cero y el coste medio de la deuda se sitúe en niveles bajos o al menos "razonables" desde una perspectiva histórica.
Funcas cree que los cambios de la estabilidad presupuestaria en estos años de crisis han sido motivados por una "premura extraordinaria" ante las graves tensiones financieras. La presión de la Unión Europea, a su parecer, explica la "excesiva relevancia" dada a los gestos de reafirmación del compromiso con la estabilidad y el "exceso de ambición y rigidez" de algunos artículos, como el objetivo de deuda pública.
LAS MALAS CIFRAS DE LAS COMUNIDADES
La fundación se refiere también a los incumplimientos de los diferentes niveles de administración y admite que las comunidades autónomas vuelven a estar en el centro de atención de analistas internos y externos. De hecho, asegura que los datos de 2014 revelarán un déficit superior al pactado y que las perspectivas de 2015 "no son nada halagüeñas".
"El endurecimiento de la legislación no ha sido suficiente 'per se'. Y parece difícil ir más allá de las posibilidades legales ya existentes", señala Funcas, para quien el Gobierno se halla ante un dilema: explotar al máximo las posibilidades de control que contempla la ley o buscar fórmulas alternativas.
En este sentido, considera que la primera opción sería la mejor si hubiera margen para el ahorro y una gestión presupuestaria más rígida o si fueran sólo dos autonomías las mal gestionadas. Sin embargo, el gran número de incumplidoras y los fuertes recortes de los últimos años hacen difícil esta interpretación.
ELIMINAR LA POSIBILIDAD DE INTERVENIR A LAS CC.AA.
Por otro lado, cree que el hecho de que Hacienda no haya aplicado las medidas preventivas, correctivas y coercitivas de la ley puede poner en evidencia las limitaciones desde el punto de vista de economía política. "Una cosa es plasmar en la norma la posibilidad de suspender la autonomía en el caso de gobiernos autonómicos incumplidores y otra es tomar la decisión", indica.
Por este motivo, sugiere eliminar de la ley actual todo lo que no se considera aplicable para generar expectativas "creíbles" de que lo que permanezca en la norma será aplicable de forma efectivamente automática.
En cualquier caso, considera "perentorio" reforzar "sustancialmente" la autonomía tributaria de las comunidades, endurecer su restricción presupuestaria y ajustar mejor la distribución global de los recursos a las necesidades de gasto.
En este sentido, explica que la experiencia internacional demuestra que en los países descentralizados, como España, tan importantes como las reglas fiscales son el grado de autonomía y corresponsabilidad fiscal de los gobiernos subcentrales.
Además, resalta la importancia de buscar una solución para el "ruido" que genera el sistema de anticipos a cuenta sobre el que gravita el sistema de financiación autonómica de régimen común. Este sistema, según Funcas, distorsiona el uso de la capacidad fiscal y no compensa las perturbaciones inesperadas sobre los ingresos. Así, propone un mecanismo adaptativo en el que la previsión de ingresos se vaya actualizando a lo largo del año y afecte a los pagos.
REPARTO DE OBJETIVOS DE DÉFICIT
En cuanto al reparto de los objetivos de déficit público, la fundación cree que la distribución actual no se corresponde con el peso presupuestario de los diferentes niveles del Gobierno y pide más espacio para las comunidades.
Sobre el reparto horizontal que se hace después entre las comunidades, Funcas propone calcular los ratios en función de los ingresos de cada región y no de su PIB regional porque así se ajustarán más a la capacidad financiera de cada comunidad para soportar esos objetivos.