Geithner, que testificó hoy ante el Congreso estadounidense, respondió a un gran número de preguntas sobre el programa público-privado impulsado por la actual Casa Blanca para sanear los balances bancarios de activos tóxicos.
El programa utiliza fondos del plan de rescate de 700.000 millones conocido como Programa de Alivio de Activos Depreciados (TARP, por su sigla en inglés), que fue aprobado a finales del año pasado por el anterior Gobierno.
Geitner insistió en que el citado programa público-privado alcanza un "deseado equilibrio" al permitir que los contribuyentes compartan el riesgo con el sector privado.
Reconoció que es difícil fijar un precio a esos activos e insistió en que ese obstáculo hace que a los bancos les resulte más complicado prestar y tomar dinero prestado.
Dijo creer, de todos modos, que la presencia del sector privado introduce una necesaria competencia para fijar precios de mercado a esos activos.
"Si fuese sólo el Gobierno el que comprase esos activos, asumiría el total de las pérdidas y se arriesgaría a pagar demasiado (por los activos)", afirmó Geithner durante su testimonio ante el Congreso.
"Si simplemente esperáramos a que los bancos se libraran de estos activos prolongaríamos la crisis económica, lo que a la larga resultaría más costoso para los contribuyentes", añadió.
Pero Neil Barofsky, inspector general del TARP, dijo hoy que el plan del Departamento del Tesoro para purgar los activos tóxicos de los bancos, que forma parte del TARP, es susceptible de fraude y abusos.
Barofsky subrayó, además, que son necesarias reglas más estrictas contra posibles conflictos de interés.
Indicó que las subvenciones a las inversiones público-privadas para la adquisición de activos tóxicos podría hacer que los contribuyentes estadounidenses sufran pérdidas mayores sin que se registren incrementos en el potencial de beneficios.
Además, el informe de Barofsky indica que su oficina ha abierto 20 investigaciones preliminares asociadas con el programa de rescate de 700.000 millones de dólares.
Las investigaciones van desde fraude en las inversiones del programa TARP hasta uso de información privilegiada y corrupción pública, aunque no se dio a conocer ningún caso específico.
La oficina del inspector general lleva a cabo seis auditorías, incluida una sobre el reciente pago de bonificaciones a los empleados de la aseguradora American International Group (AIG).
El informe señala que el Tesoro comprometió 590.400 millones de dólares de los 700.000 millones al 31 de marzo, aunque indica que cuando se añaden los fondos comprometidos por la Reserva Federal (Fed) y las garantías de activos, la factura del TARP para los contribuyentes podría alcanzar los 2,9 billones de dólares.
El testimonio de Geithner coincide también con la publicación de un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) que eleva a 2,7 billones de dólares las pérdidas de la banca de EE.UU. entre 2007 y 2010, 500.000 millones más que lo estimado en enero.
Por lo demás, el Tesoro indicó hoy que tiene todavía 109.600 millones de dólares de los 700.000 millones aprobados en octubre por el Congreso para el rescate del sistema financiero.
"El Tesoro calcula que el uso total de los programas anunciados bajo la administración anterior será de 355.400 millones de dólares", indicó Geithner en una carta enviada a Elizabeth Warren, presidenta de un comité de supervisión del paquete de rescate designado por el Congreso.
El Tesoro espera que durante el próximo año las instituciones financieras de EE.UU. devuelvan alrededor de 25.000 millones de dólares de la ayuda recibida, lo que incrementaría los fondos disponibles por el Gobierno hasta 134.600 millones de dólares.