En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, el consejero ha calculado que el decreto podría beneficiar a entre 50.000 y 70.000 familias catalanas, lo que supondría un coste estimado de entre 20 y 25 millones al año.
Ha tachado de "disparate" el recurso interpuesto por el Ejecutivo central, bajo el criterio de una unidad de mercado, que deja de lado a las personas en riesgo de exclusión social, ha opinado el consejero, que ha explicado que el Govern busca recursos para sufragar estos costes, en colaboración de servicios sociales de ayuntamientos.