Es evidente que hay algo que se ha hecho mal en el caso AIG. Según José Carlos Díez, analista consultado por la web de Informativos Telecinco, los Gobiernos de EEUU, el anterior y el actual, tienen parte de la culpa. "Las ayudas se están formalizando en forma de préstamos pero el Gobierno no ha tomado el control de la empresa que sigue adoptando decisiones privadas".
Aunque se trata del principal accionista de la empresa, con un 80% de las acciones, no tiene derechos políticos. "El Gobierno de EEUU está socializando las pérdidas pero no tiene el control de la empresa, ni siquiera derecho de veto", añade Díez.
Para Díez el modelo a seguir sería el del gobierno español en el caso Banesto. El estado tomó el control de la entidad hasta que fue vendida al Santander.
Los lamentos de la Casa Blanca y el Congreso
El jefe del equipo de asesores de la Casa Blanca, Larry Summers, calificaba la situación de escandalosa. No es para menos. De los 138.000 millones de euros que el Gobierno ha inyectado a la aseguradora American International Group (AIG), 128 se van a ir en sobresueldos a sus directivos. Y la propuesta de bonus era aún mayor. Al conocerse la noticia el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, llamó al principal ejecutivo de la compañía, Edward Liddy, que accedió a recortar algunos pagos menores.
Tanto la Casa Blanca como el Congreso coinciden en llevarse las manos a la cabeza pero aseguran no poderlo evitar. Dicen que EEUU es un país de derecho y que el derecho de los ejecutivos a percibir esa paga estaba pactado en contrato antes de la intervención.
Parece que la inyección era imprescindible. El propio presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, admitía en una entrevista en la cadena CNN que la intervención de AIG fue la que más le indignó pero reconoce que no había más salida: "No teníamos más opción que estabilizar o arriesgarnos a un impacto enorme".
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