Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha acordado interponer este recurso ante "la subida desorbitada" que ha experimentado el precio de la electricidad y que ha provocado que las Oficinas de Consumo de la Comunidad hayan recibido "miles de quejas" en este sentido.
González ha anunciado, asimismo, que el Gobierno regional ha decidido recurrir la creación y puesta en marcha de una Oficina de Defensa del Consumidor de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), cuya regulación está contemplada en el citado Real Decreto, al estimar que su funcionamiento "vulnera de forma clara" las competencias de la Comunidad de Madrid en la materia.
Según el vicepresidente, el Gobierno regional entiende que "no existe urgencia" que justifique "el ocultamiento de una desorbitada subida de las tarifas eléctricas" como la que se ha producido con este Real Decreto Ley en materia de telecomunicaciones.
Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo madrileño ha pedido a las compañías eléctricas que "clarifiquen el sistema tarifario" para que el cobro de los recibos vuelva a ser bimensual, como lo era antes, en lugar de mensual, como lo es ahora.
González ha recordado que el Gobierno regional ha denunciado en repetidas ocasiones que este cambio de facturación, a través de lecturas estimadas, no beneficia a nadie y "solo pretendía encubrir una subida de la electricidad muy superior a la anunciada" por el Ministerio de Industria a principios de año.
Según la Comunidad, esa medida ha hecho que se hayan recibido ya casi 10.000 quejas y reclamaciones que llevaron al Ejecutivo regional a abrir un expediente informativo a las compañías eléctricas el pasado 30 de enero para investigar los motivos del incremento tarifario.
Respecto a la creación de la Oficina de Atención al Consumidor que propone el Estado, el Gobierno de Madrid ha considerado que representa "una vulneración de las competencias autonómicas en materia de consumo" y que "podría constituir una injerencia en las competencias de protección al consumidor, transferidas a las comunidades autónomas".
Asimismo, han denunciado que "la demora en la apertura" de esa oficina, que comenzará a funcionar en julio próximo, "dejará en papel mojado su utilidad", dado que el Real Decreto entró en vigor el 25 de febrero pasado y que desde entonces hasta ahora ha habido y sigue habiendo "una avalancha de reclamaciones".