Para el Ejecutivo andaluz, los artículos 27 y 28 de dicha norma estatal "vulneran y vacían de contenido" competencias autonómicas exclusivas sobre horarios comerciales y rebajas, así como en materia de ordenación del comercio minorista. El Real Decreto Ley prevé incrementar de 72 a 90 las horas semanales de apertura y de ocho a diez el mínimo de festivos autorizados, mientras que la Ley de Comercio Interior de Andalucía autoriza la apertura en un máximo de ocho festivos y domingos al año y de 72 horas semanales.
La Consejería de Turismo y Comercio, la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA), los sindicatos UGT y CCOO, y las organizaciones de consumidores Facua, UCE-UCA y Al-Ándalus suscribieron el pasado mes de julio en Granada una declaración conjunta contra la liberalización de horarios comerciales aprobada por el Gobierno central porque constituye un "ataque frontal contra el actual sistema de equilibrio comecial" de Andalucía, así como una "invasión" del Estatuto de Autonomía.
Dicha declaración defiende que Andalucía dispone de un modelo de horarios comerciales que "garantiza el equilibrio entre trabajadores, grandes empresas, pequeños empresarios y consumidores", así como "la convivencia de la pluralidad de formatos existentes", y que además es fruto del "consenso" entre la Administración autonómica y los agentes socioeconómicos.
La Ley de Comercio Interior de Andalucía autoriza la apertura en un máximo de ocho festivos y domingos al año y de 72 horas semanales. Además, fija un régimen de libertad horaria para los locales de menos de 300 metros cuadrados, tiendas de conveniencia y establecimientos de estaciones y aeropuertos. También dispensa de la restricción determinados periodos de las zonas declaradas de gran afluencia turística.
Según la declaración conjunta, el Real Decreto-Ley del Gobierno "no aumenta el consumo, sino que traslada las compras del comercio de proximidad a los grandes distribuidores" mientras que medidas como la eliminación de los períodos de rebajas y la menor exigencia de condiciones en relación a los productos ofertados constituye "una auténtica desregulación" que supondrá un "perjuicio para el pequeño comercio y una minoración de las garantías del consumidor, lo que generará incertidumbre y riesgos".