El recurso, que de ser admitido a trámite supondrá la suspensión temporal de los artículos impugnados (12 y 28) de la Ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid, que incluye la adaptación de la normativa regional de cajas, se presentó a petición del Ejecutivo después de recibir un dictamen del Consejo de Estado.
Según el órgano consultivo del Gobierno, la ley de cajas promovida por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, y aprobada en la Asamblea de Madrid con el apoyo del grupo socialista, incluía una modificación "inconstitucional" de la representación de los consejeros generales de la entidad por los sectores de las corporaciones municipales y el de los impositores.
Esos cambios, introducidos por la ley de cajas en los apartados 2 y 3 del artículo 29 y en el apartado 2 del artículo 30, dan lugar a una "conformación radicalmente distinta" del modelo participativo establecido en la Legislación estatal sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA).
La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, critica que la ley autonómica, en vigor desde comienzos del año y que debería regir el proceso electoral iniciado en Caja Madrid en octubre, establezca dos circunscripciones electorales -una para los municipios de la Comunidad de Madrid y otra para los del resto-.
Asimismo, considera inconstitucional que la normativa fije una proporción entre depósitos por oficinas y habitantes para determinar la distribución de consejeros, al tiempo que limita al 30 por ciento la representación máxima de una corporación municipal, con lo que resta peso al Ayuntamiento de Madrid.
El pasado viernes, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, adelantó que el Ejecutivo presentaría este recurso de inconstitucionalidad después de recibir el dictamen del Consejo de Estado, lo que provocó las críticas de buena parte del Partido Popular.
El portavoz de Economía de la formación, Cristóbal Montoro, tachó de "injerencia y provocación" la decisión del Gobierno de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de cajas de la Comunidad de Madrid, mientras que la presidenta de la región, Esperanza Aguirre, lo consideró un acto "desproporcionado", al recordar que el Ejecutivo actuó de la misma manera que con el "Plan Ibarretxe".
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Madrid, el vicealcalde, Manuel Cobo, se mostró convencido de que el Tribunal Constitucional dará la razón a los argumentos que ha defendido el consistorio desde la aprobación de la ley y que consideró que el Gobierno había hecho suyos.
No obstante, el recurso del Gobierno se limita a apartados de la normativa autonómica a los que el Ejecutivo regional resta importancia y éste recuerda que, de ser admitido a trámite, no suspenderá el resto de la ley, por lo que las elecciones de Caja Madrid que culminan en septiembre con la renovación de la presidencia, que ocupa actualmente Miguel Blesa, podrían continuar.
El recurso del Gobierno se presenta una semana después de que la Asamblea General de Caja Madrid rechazara, con más de la mitad de los votos en contra, el nuevo proyecto de estatutos de la entidad adaptado a la normativa de cajas regional, lo que supondría que el Ejecutivo de Aguirre impondría el texto modificado en menos de un mes.
Una situación que provocó las críticas de Solbes y Zapatero, quienes la consideraron un espectáculo lamentable y del presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, quien dijo que era el caso de "intervencionismo público más descarado" que recordaba.