Incumplir la normativa en materia de trazabilidad, etiquetado, higiene o información al consumidor en relación con productos pesqueros no cubiertos por la Ley de Pesca Marítima del Estado estará castigado con multas de entre 601 y 60.000 euros al considerarse una infracción grave.
Así constará en la Ley de Cadena Alimentaria gracias a una enmienda que el PP ha presentado en el Congreso al proyecto de ley de Calidad Alimentaria con el objetivo de subsanar una carencia de la legislación española, que no incluye sanciones para estas circunstancias.
De este modo, los 'populares' pretenden que tener, consignar, transportar, llevar en tránsito, almacenar, transformar, exponer o vender, en cualquier forma prevista legalmente, productos pesqueros no cubiertos por la Ley de Pesca Marítima sin cumplir las previsiones legales en materia de higiene, trazabilidad, etiquetado o información al consumidor sea una infracción grave, sancionada de forma acorde.
INSPECCIONES
Entre la decena de enmiendas presentadas por el PP, y que recoge Europa Press, también se amplía la documentación a la que los inspectores pueden acceder cuando revisan un operador agroalimentario, al eliminarse la limitación de acceso a información industrial, mercantil o contable que figuraba en el proyecto de ley.
Además, se da al sector alimentario la posibilidad de solicitar participar en una reunión de la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria --en la que participarán tanto el Ministerio de Agricultura como las comunidades autónomas con competencias en la materia-- cuando "necesiten exponer alguna cuestión que les afecte", sobre todo si se trata de operadores de la industria alimentaria.
Y es que según el texto aprobado por el Consejo de Ministros, sólo la Mesa podía invitar a colaborar a estas organizaciones o entidades. Por otra parte, el PP incluye a las cooperativas en las previsiones legales que ya se incluían en el proyecto de ley para otro tipo de asociaciones representativas.
También en relación con la colaboración y cooperación entre administraciones en el ejercicio del control de la calidad alimentaria, el partido que da sustento al Gobierno introduce un nuevo punto para dejar al desarrollo reglamentario la definición de los procedimientos operativos y de intercambio de información y documentación a seguir en caso de inspecciones o expedientes en los que estén involucradas más de una región, las solicitudes de asistencia presentadas por otros estados miembro o el desarrollo de los planes de control promovidos por la UE.
Finalmente, y al margen de otras modificaciones de carácter técnico, el PP propone cambiar la Ley de Seguros Agrarios Combinados, vigente desde 1978, para sustituir el emplazamiento al Gobierno de crear un plan de seguros anual por el mandato de que las aportaciones del Estado al importe global de las primas a satisfacer por los agricultores se les conceda de forma directa.
El proyecto de ley de Calidad Alimentaria actualiza la normativa de control y sanción, vigente desde 1983, con el objetivo de dotar a las autoridades inspectoras de instrumentos adecuados para sus controles, crear un régimen sancionador que disuada a los potenciales infractores, mejorar la competitividad del sector y la defensa de los productos españoles en los mercados internacionales e incorporar los principios de la unidad de mercado a este ámbito para remover obstáculos a los operadores.
Estas enmiendas y las de la oposición serán debatidas en la Comisión de Agricultura del Congreso que se celebrará el próximo miércoles y que, al contar con competencia legislativa plena, enviará el proyecto directamente al Senado una vez sea aprobado.