El texto ha resultado modificado con dos enmiendas del PP, otras tantas de PSOE y PNV, una de CiU, y hasta catorce transaccionales a propuestas de los socialistas, los nacionalistas catalanes y vascos, la formación magenta y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).
Tras su paso por la Comisión de Empleo del Congreso, el proyecto de ley, que pretende reforzar la lucha contra el fraude laboral fortaleciendo institucionalmente el modelo de la inspección y mejorando la coordinación interterritorial, será ahora remitido al Senado para continuar su tramitación.
TRABAJO CONJUNTO
La portavoz 'popular' de Empleo, Carmen Álvarez-Arenas, ha destacado la "enorme importancia institucional" de la ley, que permitirá "luchar con más eficacia contra los abusos en el mercado laboral", y ha agradecido el "enorme esfuerzo de colaboración y trabajo conjunto" realizado por el Gobierno con los agentes sociales, las comunidades autónomas y los grupos de la oposición.
Además, ha puesto el acento en la "posibilidad de coordinación y colaboración entre administraciones públicas" que se abre con esta actualización de la normativa vigente, que por otra parte mantiene un "escrupuloso respeto competencial" permitiendo descentralizar funciones manteniendo un cuerpo único de la Inspección.
También el portavoz laboral de CiU, Carles Campuzano, ha puesto en valor el trabajo realizado para solucionar sus "principales preocupaciones" sobre este proyecto y llegar a un acuerdo con el PP. "Ojalá en más materias hubiera habido el trabajo de este proyecto", ha llegado a decir.
En particular, los nacionalistas catalanes destacan que se haya encontrado un "encaje" a la situación "sumamente compleja" de los funcionarios de la Inspección en Cataluña y País Vasco, que tienen parte de las competencias transferidas, lo que hace necesario un sistema de gobernanza nuevo. En cualquier caso, Campuzano ha recordado que CiU no renuncia a conseguir que se le transfieran todas la competencias en este ámbito.
El diputado de UPyD Rafael Calduch ha destacado la importancia de tener una Inspección de Trabajo que funcione a la perfección como herramienta para luchar contra el fraude, la explotación y el paro, y ha valorado el conjunto del proyecto de ley que se ha planteado, necesario para adaptarse a la nueva situación creada tras la transferencia de ciertas competencias a Cataluña y el País Vasco.
Sin embargo, ha reconocido estar "insatisfecho" por que no se hayan incluido algunas de las enmiendas magenta, sobre todo las relativas a la "garantía de la vertebración del carácter nacional de los Cuerpos de inspectores, al refuerzo del proceso de reclutamiento de las jefaturas para que se base en méritos específicos que limiten los criterios exclusivamente políticos, o a la mejora y simplificación del procedimiento de denuncia".
NO SE HAN RESUELTO LOS PROBLEMAS
Por contra, la socialista Concha Gutiérrez ha lamentado no haber alcanzado con los 'populares' un acuerdo que habría sido muy positivo. Sin embargo, no se han satisfecho las reclamaciones del PSOE en relación con el fomento de las competencias autonómicas en un sistema de Inspección y "suficientemente dotado" de recursos humanos, económicos y materiales; ni con el "refuerzo de la independencia" de la Inspección.
Sin embargo, el principal escollo para el PSOE es que no se aproveche la ocasión para "mejorar los instrumentos para luchar contra el fraude laboral, tanto en la contratación y las condiciones de trabajo como en el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social", sobre todo después de que la reforma laboral de 2012 generara "graves agujeros" por donde "se cuelan" las situaciones ilegales.
Igualmente, el portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, coincide en que la ley era "necesaria" pero lamenta que se haya "perdido la oportunidad de abordar con más claridad las funciones prioritarias" de la Inspección, que pasan por garantizar los derechos de los trabajadores, y de establecer que "no hay ninguna otra función que lo pueda entorpecer", como contrapunto a la decisión del Gobierno en los últimos tres años de centrar el trabajo en la persecución del fraude.
Además, cree que debería configurarse una Agencia Estatal de la Inspección de Trabajo, entre otras cosas, para incrementar la independencia de los inspectores y mejorar la eficacia del trabajo, y se ha preguntado para qué sirve crear una Oficina Antifraude en la Inspección, cuya principal misión es luchar contra el fraude. Por todo ello, cree que el texto "no está maduro" para recibir el apoyo de IU-ICV, aunque confía que en el Senado se pueda mejorar.
Emilio Olabarria, del PNV, ha recordado que su grupo "renunció con dudas" a la enmienda a la totalidad contra este proyecto, pero ha reconocido que mantiene su crítica al mantenimiento del Cuerpo Nacional de Inspectores y Subinspectores de Trabajo, el no incremento de la plantilla y de la tasa de reposición pese al aumento de funciones de estos funcionarios o que "los puntos de conexión entre competencias autonómicas y Administración central no estén bien configurados", entre otros asuntos.