En concreto, los agentes de la Unidad Especial de Policía de Divisas, coordinados por la Fiscalía de Roma, están ejecutando una orden para confiscar más de 100 millones de euros a los 62 miembros de una asociación que están siendo investigados por los delitos de conspiración, quiebra fraudulenta, lavado de dinero y delitos fiscales.
En el marco de esta operación, denominada "Millones", más de 70 agentes han llevado a cabo desde primera hora de esta mañana numerosos registros en las regiones de Lazio, Lombardía, Piamonte, Veneto y Cerdeña.
Las investigaciones, que se han llevado a cabo durante dos años mediante complejos análisis de documentos, escuchas telefónicas, vigilancia y exámenes a los testigos, desprenden que la organización se especializó en la evasión sistemática de impuestos mediante la utilización de unos 250 consorcios y cooperativas que operaban en los sectores del transporte, la limpieza y la seguridad privada.
"La actividad ilegal ha provocado, a lo largo de los años, una pérdida al Estado que asciende a más de 1.700 millones de euros, como se desprende de las numerosas auditorías fiscales realizadas por las autoridades competentes", señala.
El mecanismo fraudulento, que comenzó a emplearse en el año 2001, consistía generalmente en la subcontratación a cooperativas, creadas expresamente en ese momento, de servicios que le habían sido adjudicados a las empresas de los demandados.
Esta sociedades emitían luego facturas por operaciones inexistente, por un valor que se calcula ascendió a 400 millones de euros, que tras ser abonadas fueron retiradas en efectivo sin que estuviera justificado por ninguna lógica de negocio.
A continuación, el dinero era trasladado a las cuentas de una compañía fiduciaria de San Marino y Luxemburgo, para su posterior utilización en el sector inmobiliario de forma ilegal, que afectado a la competencia en el sector. Las cooperativas luego se declaraban en liquidación y se creaban nuevas empresas para repetir el mismo esquema.
Este sistema ha permitido a los líderes de la organización apropiarse indebidamente de unos 160 millones de euros que tendrían que haber ido a las arcas del Estado correspondientes los impuestos adeudados por las empresas vinculadas a ellas.