La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha presentado una enmienda de totalidad contra el proyecto de Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal para pedir la devolución del texto al Gobierno, alegando que las medidas, aunque "positivas", son "absolutamente insuficientes" para conseguir los objetivos marcados y porque el Gobierno "ha desperdiciado una ocasión para mostrar más ambición" en la lucha contra la economía sumergida.
Según consta en la enmienda de totalidad, que recoge Europa Press, las medidas son "absolutamente insuficientes ante la dimensión del problema", ya que el volumen de economía sumergida se cuantifica en entre un 20 y un 25 por ciento del PIB.
"Los planes anuales de control tributario se presentan para cumplir unos objetivos poco ambiciosos", argumenta IU-ICV, puntualizando que en 2011 se recaudaron 11.000 millones de euros en este concepto, cifra que sólo supone el 17% de la evasión fiscal, estimada en 89.000 millones anuales. "No es extraño que la economía sumergida aumente al doble de velocidad que el PIB", se apostilla en la enmienda.
MEDIDAS POCO EFICACES
Además, la Izquierda Plural critica que las medidas son "poco eficaces", ya que no se atacan los grandes focos de evasión: las grandes fortunas y las empresas de mayor dimensión que canalizan el fraude hacia los paraísos fiscales utilizando instrumentos como las SICAV. "Los ricos y muy ricos apenas pagan impuestos, y la amnistía fiscal aprobada a finales de marzo es inaceptable", añaden.
Por ello, proponen al Gobierno que trabaje con la OCDE para acordar sistemas de obtención automática de información mercantil o tributaria de personas y empresas que operan o son titulares de bienes y derechos en paraísos fiscales, y para acabar con las prácticas abusivas. Además, piden medidas contra las entidades financieras y emisoras de tarjetas que operan en España y "mantienen filiales en territorios de baja o nula tributación".
En la misma línea, creen imprescindible una reforma tributaria que "mejore la progresividad del sistema, equiparando la tributación de los rendimientos del trabajo y del capital en el IRPF, aumentando la carga fiscal de las empresas de mayor dimensión, gravando con intensidad a las grandes fortunas y eliminando la subida del IVA por regresiva y contraproducente para la recuperación de la economía".
Asimismo, reclaman medidas "organizativas y de gestión" de los recursos humanos de la Administración Tributaria y un incremento de plantillas y recursos, optimizando su uso. Sólo de esta manera, argumentan, se podrán "alcanzar al mayor número de contribuyentes y sectores económicos".
EL PROBLEMA DE ESPAÑA ES DE INGRESOS
En su justificación, la Izquierda Plural apunta que España necesita un sistema tributario "suficiente, progresivo y equitativo, que procure mayores ingresos fiscales obtenidos de manera más justa" para poder alcanzar sus objetivos de estabilidad presupuestaria "sin tener que deteriorar los servicios públicos" y "sin hacer recaer desproporcionadamente en términos relativos la carga fiscal sobre las nóminas de los trabajadores y el consumo".
A renglón seguido, ilustra estas consideraciones con datos de 2011 sobre el gasto público total de las administraciones públicas, que se situó seis puntos de PIB por debajo de la media UE-12 mientras la presión fiscal fue diez puntos inferior a la media UE-15. "Nuestro problema no es el gasto público, sino los ingresos", añade, criticando a los últimos gobiernos socialistas y 'populares' por haber "desfiscalizado los rendimientos del capital y reducido la progresividad" sin mostrar "ninguna voluntad" por perseguir el fraude.
Para cambiar estos "errores", la Izquierda Plural pide con esta enmienda de totalidad la devolución al Gobierno del proyecto de ley, aprobado el pasado mes de julio. El texto será debatido por el Pleno del Congreso el miércoles 26 de septiembre y, posteriormente, la Cámara tratará las enmiendas parciales que presenten los grupos hasta el día 24.
Además de esta enmienda de devolución, la Izquierda Plural ha presentado desde principios de la legislatura varias iniciativas en favor de la lucha contra el fraude, lo mismo que otras formaciones. Los últimos en hacerlo han sido los diputados del PNV, que el martes someterán a consideración de la Cámara baja una proposición no de ley en este sentido.
Las medidas incluidas en este proyecto de ley de Lucha contra el Fraude se completan con otras iniciativas que persiguen el mismo objetivo desde la mejora del control en la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo y el endurecimiento de las penas previstas en el Código Penal para los defraudadores. Ambas propuestas están actualmente en tramitación parlamentaria.