El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Niilo Jääskinen, ha pedido este jueves que se condene a España por retrasar y obstaculizar la liberalización del sector ferroviario que exige la normativa comunitaria. Su dictamen señala que las autoridades españolas discriminan a posibles operadores alternativos a Renfe a la hora de acceder a la red y a otras infraestructuras.
Las opiniones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia, aunque éste sigue sus dictámenes en un 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior.
El abogado general critica el "trato discriminatorio dado a los nuevos operadores en el mercado ferroviario español, que se ven desfavorecidos con respecto al operador histórico que se beneficia de un acceso preferencial a la infraestructura". Este acceso prioritario sólo estaría justificado si se hubiera firmado un acuerdo marco, cosa que no ha ocurrido, según señala el dictamen.
El dictamen destaca además que España se ha reservado el derecho a fijar el canon por el uso de las vías de tren y a adjudicar la capacidad de infraestructura. Ello vulnera la legislación comunitaria, que atribuye estas competencias al administrador independiente de infraestructuras.
Finalmente, España tampoco ha cumplido la obligación de establecer un sistema de mejora del funcionamiento dirigido a reducir al mínimo las perturbaciones y aumentar la eficacia de la explotación de la red ferroviaria.