La sentencia señala que Bruselas sólo ha aportado pruebas suficientes de la participación de Aragonesas en la infracción durante un año y no tres como alega en su decisión, por lo que el cálculo de la multa es incorrecto.
La sanción total al cártel, en el que participaron también la sueca EKA Chemicals, la holandesa Finnish Chemicals, la luxemburguesa Erikem y la francesa Arkema, ascendió a 79 millones de euros.
Tanto Aragonesas como Uralita recurrieron la decisión ante la justicia europea. Por lo que respecta a Aragonesas, el Tribunal General declara que la mayor parte de los elementos de prueba aportados por la Comisión en su decisión "carecen de fiabilidad y revisten un carácter excesivamente disperso y fragmentario".
Sólo el reconocimiento por Aragonesas de su participación en una reunión ilícita del 28 de enero de 1998 y las declaraciones y notas de otros participantes en dicha reunión son "elementos de prueba suficientemente fiables y oponibles a
Aragonesas". Por tanto, anula la multa de 9,9 millones porque la Comisión la calculó basándose en tres años de infracción (finales del 96 y principios del 2000).
En cuanto a las alegaciones formuladas por Uralita, el Tribunal General las rechaza y considera que, en tanto que matriz de Aragonesas, es corresponsable de cualquier infracción.