En un auto al que ha tenido acceso EFE, la juez Aranzazu María González considera que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
Sacyr Vallehermoso afirmó hoy no tener constancia de la querella, ya que todavía no se ha admitido a trámite a la espera de que se practiquen las diligencias previas.
La querella, planteada por el abogado Felipe Izquierdo en representación de 13 afectados titulares de 700.000 acciones de la concesionaria Europistas, que se fusionó con Itínere en 2007, afirma que el presidente de Sacyr, Luis del Rivero, hinchó "artificial e interesadamente" la participación de la constructora en la compañía resultante, con perjuicio para los pequeños accionistas.
En concreto, afirma que Sacyr obtuvo un 18,87% más de acciones de la compañía fusionada a cambio de la aportación de tres hospitales y un intercambiador por 800 millones de euros; una cantidad que a su juicio fue sobrevalorada.
Así, los querellantes afirman que ese importe "no responde en absoluto al valor de mercado de dichas sociedades y participaciones", que aseguran que acaban de ser recompradas por Sacyr por un precio ocho veces inferior en la operación de venta de Itínere a un fondo de infraestructuras de Citigroup.
Además, se quejan de que la constructora "burló" por dos veces su compromiso de aportar liquidez a Itínere o excluirla de bolsa, lo que en su opinión contribuyó a generar "confusión y desconfianza en el mercado hundiendo el precio de cotización del valor".
En la querella, también se citan dos operaciones que han contribuido a mermar supuestamente el valor de Itínere, como la "ocultación de la naturaleza real de la participación" que tenía la Itínere anterior a la fusión en el aeropuerto de Murcua y la distribución del coste de una fallida Operación Pública de Venta (OPV) y Operación Pública de Suscripción (OPS).
"Esta parte considera que se ha producido un presunto delito de administración desleal en cuanto al acuerdo suscrito entre Sacyr y la Nueva Itínere para desarrollar conjuntamente la OPS/OPV de acciones de ambas promovida en abril de 2008", afirma el escrito, que fue presentado inicialmente en la Audiencia Nacional, que se declaró no competente para resolver el asunto.
En su opinión, "se trata de una maniobra con el fin de que sea la Nueva Itínere la que se "cargue" con todos los gastos de la operación, por asesoramiento, publicidad y que Sacyr se quede sencillamente con los beneficios".
"No son pues, ni pocos ni leves, los abusos de poder, de posición dominante y de participación mayoritaria que ha cometido el Sr. Del Rivero en relación con la presente operación, y dichos abusos merecen por tanto el correspondiente reproche penal", afirman los querellantes.