En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por las acciones que tiene previsto hacer la Comunidad de Madrid respecto a la situación de la embotelladora de Coca Cola, Victoria ha dicho que al ser de alcance nacional, la administración competente para revisar el ERE es la Administración Estatal y no la autonómica.
Lo que sí han solicitado es que los derechos de los trabajadores afectados, que rondan los 1.500, "sean salvaguardados" puesto que es "una decisión empresarial que entra dentro de la libertad de organización" pero no atiende a malos resultados d ella empresa.
"Los derechos consolidados de los trabajadores deben ser respetados estrictamente. Y es lo que hemos pedido, haremos llegar a Coca Cola y esperamos que Coca Cola sea sensible a estas peticiones", ha concluido.