Casanova no pudo declarar hoy ante la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, debido a la ausencia de un funcionario que transcribiera sus palabras por la huelga del personal de los juzgados de la Comunidad de Madrid iniciada el pasado lunes.
No obstante y en declaraciones a los medios, el empresario aseguró que no entiende el porqué de su imputación, ya que es un "perjudicado" en este caso, al no haber podido vender su paquete del 3,5% del capital del Banco Popular a la sociedad Blueprime, que en teoría representaba a un grupo de inversores mexicanos y que ofrecía un precio muy superior al del mercado.
Casanova reconoció que el Popular llegó a subir más de un 9% el 23 de junio, cuando se difundió oficialmente el interés comprador de Blueprime, aunque destacó que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no suspendió su cotización por alta volatilidad, como sí ha hecho con otros valores.
En cualquier caso, el empresario murciano mostró su disposición a responder todas las preguntas de la jueza y el Fiscal Anticorrupción, ya que "no tiene nada que ocultar".
Trinitario Casanova ha sido el primero en acudir a declarar por el caso Blueprime dada su calidad de imputado, aunque el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha llamado a declarar como testigos a varios accionistas del tercer banco español, que están citados a partir de la próxima semana, aunque sus declaraciones se retrasarán previsiblemente por la huelga de funcionarios.
La Fiscalía Anticorrupción presentó su denuncia contra el empresario el pasado 7 de noviembre, ya que, en su opinión, la investigación llevada a cabo por la CNMV apuntaba a que Casanova participó en "maniobras dirigidas a promover y sostener en el tiempo" y en beneficio propio noticias sobre la inminente compra de un porcentaje significativo del Banco Popular por parte de un supuesto grupo inversor mexicano representado por la sociedad Blueprime.
De hecho, la sociedad "fantasma" anunció su intención de comprar la participación de Trinitario Casanova en el Popular a un precio un 50% superior al de mercado, siempre que lograra hacerse con el 20% del capital del banco.
La noticia provocó, según constató la Fiscalía, una "súbita subida" del valor de las acciones del banco "no acorde con la evolución del mercado".
Poco después, el supervisor bursátil averiguó que detrás de Blueprime no había realmente ningún grupo interesado en comprar una participación significativa del banco.
La CNMV pidió entonces información a Blueprime y a Casanova y, finalmente, decidió remitir la investigación a la Fiscalía General, que otorgó la competencia a la Fiscalía Anticorrupción.
El Ministerio Fiscal entiende que los hechos pueden ser constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores tipificado en el artículo 284 del Código Penal por "la difusión de noticias falsas para intentar alterar los precios".
El Código Penal establece en ese artículo penas de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses a quienes "difundiendo noticias falsas, empleando violencia, amenaza o engaño, o utilizando información privilegiada, intentaren alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación".