En un comunicado, el bufete ha explicado que si el recurso fuese desestimado o la JUR no contestara en el plazo de un mes, se abriría paso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sede el Luxemburgo.
Además, explica que el recurso ante la JUR, presentado en el último día del plazo de seis semanas desde la resolución, se presenta "sin perjuicio del pertinente contencioso-administrativo frente al Frob" cuyo plazo finaliza el próximo 7 de agosto.
Juan Ignacio Navas, socio director de Navas & Cusí, ha explicado que el despacho representa a accionistas, bonistas y titulares de obligaciones convertibles y deuda subordinada que perdieron íntegra su inversión en Popular "sin motivo ni explicación alguna".
"La drástica y controvertida decisión se tomó sobre la base de un informe de Deloitte que la JUR se niega a hacer público", denuncia Navas quien recuerda que la JUR tiene obligación de motivar y hacer públicos los informes que justifican sus decisiones según el Reglamento del Mecanismo Único de Resolución.
"Se ha producido un manifiesto incumplimiento de sus obligaciones que sugiere irregularidades que podrían llevar a la declaración de nulidad la decisión", denuncia el socio director del bufete.
El letrado denuncia en su escrito que la ausencia de transparencia de la JUR ha quebrado el "principio de confianza legítima" de los ciudadanos en las administraciones. "Se ha quebrado uno de los principios fundamentales de la Unión Europea", lamenta.