El motivo de este recurso, formalizado el pasado viernes, es el reparto de los 64 consejeros generales en la Asamblea de Caja Madrid que corresponden a la Casa Real, institución que tradicionalmente renuncia a designarlos.
La Comisión de Control de la entidad, el organismo encargado de supervisar el proceso electoral, en el que son mayoría los afines al Ejecutivo regional, decidió que el reparto de los consejeros de la Casa Real se hiciera de acuerdo con la nueva ley de cajas, aprobada este año, que deja fuera, entre otros, a los municipios.
El Ayuntamiento de Madrid, el principal perjudicado, entiende por el contrario que debe aplicarse la antigua ley de 2003, que sí incluye en el reparto a las corporaciones locales, ya que la nueva norma, promovida por la Comunidad, entró en vigor después de que la Casa Real renunciara a sus consejeros.
Según los cálculos del consistorio, si se empleara la norma antigua le corresponderían nueve consejeros más, con lo que pasaría de los 36 actuales a 45.
Como primer paso, el Ayuntamiento impugnó a mediados de septiembre la decisión ante la propia Comisión de Control, que la rechazó el pasado miércoles.
Sin esperar al fallo de la Comisión, el consistorio presentó el viernes de la semana pasada un recurso ante el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid.
Este juzgado ha atendido los argumentos del consistorio, que alegaba motivos de urgencia, y ha optado por la suspensión cautelar sin escuchar a la parte demandada, la Comisión de Control, lo que paraliza un proceso que debía terminar a mediados de noviembre.
En su auto, el juez admite que existe un peligro de "mora procesal" si no se deja en suspenso el reparto de consejeros ya que, según el calendario previsto, el proceso electoral podría terminar antes de resolverse el recurso, lo que perjudicaría al Ayuntamiento.
La suspensión cautelar se ha conocido cuando los dos protagonistas del pulso en Caja Madrid -la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón- se encontraban en Copenhague para defender la candidatura de la capital a los Juegos Olímpicos de 2016.
El Gobierno regional, que pedirá personarse como parte interesada en el proceso judicial, mostró hoy su respeto al auto y expresó su confianza en que el juez escuche sus argumentos en breve.
El auto, contra el que no cabe recurso, concede a la parte demandada la posibilidad de presentar alegaciones en un plazo de veinte días, pero fuentes de la Comunidad confían en que se les cite al juzgado la próxima semana (antes de cinco días).
De hecho, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, avanzó que la suspensión será "muy, muy temporal", cuestión de "unos días".
Granados recalcó también que la Comisión de Control se ha limitado a adaptar el proceso electoral a la nueva ley regional de cajas.
Desde el Ayuntamiento, el delegado de Hacienda y Administración Pública, Juan Bravo, reconoció que el consistorio está satisfecho por la decisión judicial, pero recordó que el juez aún no ha entrado en el fondo de la cuestión.
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, apeló al sentido común, tanto del Gobierno regional como Ayuntamiento, para "dejar de poner en riesgo a Caja Madrid por una lucha de poder".
Desde Izquierda Unida se considera lógica la suspensión, aunque la coalición no cree que el recurso del Ayuntamiento prospere.
Las reacciones han sido también encontradas en el ámbito sindical. CCOO de Madrid ha celebrado la decisión judicial que, a su juicio, demuestra que había razones para presentar un recurso.
El secretario de Política Institucional de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, aseguró que el recurso "se asienta sobre bases sólidas" y acusó a la Comunidad de "no facilitar un acuerdo".
Por el contrario, UGT lamentó la interrupción del proceso y expresó su confianza en que se dicte una sentencia firme "cuanto antes". Al igual que la Comunidad, UGT reclama que el juez escuche "en breve" a las partes.