El Partido Popular, además, ve "indicios racionales de criminalidad" en la filtración del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Advierte el PP que se reservará todas las acciones que considere oportunas para defender el honor y la dignidad de los afectados, de modo que no descarta llevar sus denuncias a los tribunales o instancias nacionales o europeas que sea menester.
Así consta en el texto que el Partido Popular ha remitido hoy a la Fiscalía General del Estado tras publicar el diario "El País" la presunta implicación de Camps en esta supuesta trama cuya investigación instruye Garzón.
Para el Partido Popular, no tiene explicación "la rotundidad de la información publicada" salvo que hubiera previamente "certeza del conocimiento directo de tal escrito", pues, como añade el PP en su denuncia, en ningún momento se habla de "presunciones o supuestos", sino de expresiones literales del tenor de "está implicado", en alusión a Camps.
El escrito al que hace mención el PP es el informe que la Fiscalía Anticorrupción ha enviado al Juzgado Central número 5, del que es titular Garzón, para pedirle, como se conoció ayer, que se inhiba de la investigación y en su lugar asuman ésta los tribunales superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, si se diera el caso.
Ello obedece a la supuesta implicación en la investigación de personas aforadas del PP.
Si el fiscal general no ordena una "investigación inmediata, contundente y eficaz" sobre "el origen y la responsabilidad personal de la autoría de la filtración", adoptaría una decisión "reprobable jurídica e institucionalmente", escribe el representante legal del partido en su escrito.
Tras señalar el PP en la denuncia que las informaciones vulneran el secreto de sumario, con "gravísimo perjuicio de las personas afectadas", destaca que la ruptura del secreto constituye un "grave delito" tipificado en el Código Penal con "penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para la autoridad o funcionario responsable de tres a cinco años".
El PP, en suma, ve "indicios racionales de criminalidad" en la filtración del informe de Anticorrupción, por lo que exige una investigación de la que podrían derivarse responsabilidades penales.
"Todo ello sin perjuicio de reservarnos en este momento cuantas acciones civiles, criminales y de todo orden nos correspondan en defensa del honor y la dignidad de las personas e instituciones afectadas ante los tribunales e instancias nacionales o europeas que sea necesario", sentencia el PP.