El PP y el PSOE reclaman al Gobierno que elabore un organigrama de todo el sector público --estatal, autonómico y local-- donde se recojan detalladamente las responsabilidades y recursos con que cuenta cada nivel en virtud de su participación en el sistema de financiación o de los recursos adicionales, de modo que se pueda incrementar la transparencia sobre los presupuestos.
Así lo han recogido en sus recomendaciones al Gobierno derivadas del 'Informe de fiscalización sobre el cumplimiento del principio de transparencia establecido en la legislación sobre estabilidad presupuestaria, en relación con los Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 2007 y 2008', redactado por el Tribunal de Cuentas.
Las recomendaciones de los dos principales partidos, que serán debatidas el lunes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, coinciden en la necesidad de contar con información más detallada sobre las competencias de las que se hace cargo cada administración y de los recursos con los que cuentan para cumplir sus obligaciones para hacer más transparente todo el desarrollo presupuestario.
PLAZOS COMUNES DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Por su parte, los 'populares' piden también que se lleven a cabo las modificaciones normativas necesarias para que el Plan General de Contabilidad Pública y las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público sean "de aplicación obligatoria" para todas las administraciones y para que los plazos de rendición de cuentas sean "comunes" a todas las entidades.
Asimismo, insta al Ejecutivo a "seguir desarrollando, en los términos en los que lo viene realizando, el marco jurídico del principio de transparencia, centrado en la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
Una petición que contrasta con la única recomendación presentada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) a este informe, que consiste en exigir al Gobierno que se atenga "exclusivamente" a la normativa española y que no considere los criterios del Fondo Monetario Internacional (FMI) ni de ningún otro organismo cuyos postulados no sean vinculantes a la hora de fiscalizar al sector público para "verificar las buenas prácticas" en materia de garantía de acceso ciudadano a la información financiera.
En cuanto a los socialistas, piden también al Gobierno que estudie la posibilidad de promover una reforma de la Ley del Tribunal de Cuentas para "incorporar mayor precisión" en la regulación de su función fiscalizadora, de modo que quede más claro si debe extenderse al control de todo el ciclo de gestión presupuestaria, incluyendo la verificación del cumplimiento de la normativa sobre elaboración de presupuestos, procesos previos a la ejecución de ingresos y gastos públicos.
El principal partido de la oposición reclama también más información sobre inversiones en infraestructuras agrupada tanto por territorios como por los agentes intervinientes, de modo que también se puedan conocer las inversiones realizadas en régimen de colaboración público-privada. En el mismo sentido, cree que se debe incrementar la información que contiene la Cuenta General del Estado sobre el stock de préstamos garantizados que tiene el Estado, su evolución los litigios judiciales en curso o los compromisos de gasto a futuro, entre otros.
FALTA TRANSPARENCIA EN LOS PRESUPUESTOS
Convergència i Unió (CiU), por su parte, es la formación que hace un juicio más duro sobre el informe del Tribunal de Cuentas, que a su entender "constata la falta de transparencia" en la elaboración de los Presupuestos del Estado de los años 2007 y 2008.
En estas circunstancias, propone desarrollar un marco jurídico del principio de transparencia, publicar los escenarios plurianuales y la información sobre desviaciones presupuestarias, informar sobre la evolución de los beneficios fiscales en años anteriores para poder evaluar si las estimaciones que se realizaron fueron acertadas y si se tomaron decisiones "fundadas" respecto del mantenimiento de este tipo de incentivos; e incorporar a los Presupuestos estudios sobre los objetivos de política económica y social a los que se destinan.
Por otra parte, los nacionalistas catalanes piden información sobre "los recursos adicionales al sistema de financiación que recibe cada administración territorial por parte de la Administración General del Estado vía subvenciones, convenios u otros instrumentos", así como incluir datos relativos a las inversiones públicas que tengan que acometerse durante el ejercicio, detallando la financiación que se facilita a las empresas concesionarias a través de préstamos participativos, aportaciones de capital u otras modalidades.