Así lo ha señalado en rueda de prensa en la Cámara Baja, después de que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) --en el que participa Sacyr junto con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa-- haya decidido dejar en suspenso la construcción del tercer conjunto de esclusas del Canal de Panamá por unos sobrecostes de 1.625 millones de dólares derivados de circunstancias "sobrevenidas e imprevisibles", exigiendo que los incumplimientos denunciados sean remediados dentro del periodo de preaviso.
Según Bermúdez de Castro, al tratarse de un conflicto entre un Gobierno y una "empresa privada" el Grupo Popular "no debe entrar en este tema". No obstante, sí ha señalado que los 'populares' desean "que las empresas encuentren un solución favorable" para desatascar la situación.