Sacyr ha dirigido un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el que alega su situación de "indefensión" y pide tutela judicial, para que sea el magistrado "la persona que decida qué se hace en el aeropuerto mientras finaliza el proceso de rescisión del contrato y la liquidación del mismo".
El grupo ha denunciado que diversas autoridades del Gobierno regional de Murcia, entre ellas el director general de Transportes, Antonio Sanchez-Solís, y efectivos de la Guardia Civil, se han personado en las instalaciones del aeropuerto internacional de la Comunidad con la intención de "apropiarse de ellas".
Según ha informado a Europa Press un portavoz del grupo, dichas autoridades "exigen quedarse con las instalaciones". La compañía de construcción considera, por contra, que no hay "ninguna razón que justifique esta urgencia".
Así, con su escrito al juez, Sacyr pretende que sea el magistrado quien "dictamine cómo se realiza el proceso de rescisión del contrato y su liquidación".
POSIBILIDAD DE RECURSOS.
Según dichas fuentes, aunque el contrato está rescindido, "cabe la posibilidad de presentar recursos". "Por lo que no hay una urgencia de que la Comunidad tenga que apropiarse del aeropuerto, ya que hay varios asuntos que están pendientes", subrayan.
La compañía de construcción, servicios y concesiones insiste en que "un proceso de rescisión del contrato tiene sus tiempos y no hace falta esa urgencia".
Sacyr lidera el consorcio que en julio de 2007 se hizo con el proyecto de construcción y explotación del aeropuerto de Murcia, un contrato que el pasado 16 de septiembre el Gobierno de la Comunidad resolvió rescindir.
Unos días después del consorcio adjudicatario solicitó preconcurso de acreedores para el aeropuerto, con el fin de contar con un máximo de cuatro meses para renegociar la deuda de 200 millones de euros que soporta el proyecto.
Además, a través de una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa indicó que sopera impugnar la decisión del Gobierno regional y solicitar la indemnización que le corresponda por "los daños y perjuicios ocasionados" por la decisión.