Concretamente, Cumbre Social Estatal (integrada por UGT, CCOO, USO y más de cien organizaciones) ha solicitado que se revise el marco sancionador para hacerlo proporcional a la dimensión del fraude y con claro carácter disuasorio, mientras que la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha exigido que se diseñen políticas "efectivas" para proteger de los fraudes y malas prácticas a los consumidores "más vulnerables".
También CECU ha pedido que se establezca un "precio razonable" de la electricidad para que no haya discriminación, se evite la exclusión energética y se garantice el acceso universal al servicio para el usuario doméstico. Además, respecto al déficit de tarifa, ha solicitado que se eliminen los impedimentos al autoconsumo, que haya un mayor control sobre las prácticas abusivas de las operadoras telefónicas y que se regulen los derechos del nuevo consumidor digital.
"SEGUNDA TRANSICIÓN"
Estas son algunas de las medidas que la CECU propone a "todos los partidos del arco parlamentario y al futuro gobierno que está por conformar" para que sea posible la llegada de una "segunda transición" para los consumidores.
Por otro lado, CECU ha exigido a la Administración que se reconozca de personalidad jurídica propia al Consejo de Consumidores y Usuarios; la adhesión de todas las empresas públicas al Sistema Arbitral de Consumo; y que, para subrayar la importancia de la "visualización del consumo" en políticas de Estado, se recupere la denominación de 'Consumo' dentro del Ministerio de Sanidad.
La Confederación aboga por el fomento de un nuevo modelo de consumo, en el que se incorpore y promueva el concepto de consumo responsable y sostenible, y defiende que se potencie el comercio justo, ecológico y de cercanía. Además, desea que se dé un "impulso definitivo" a las energías renovables y que se supriman las subvenciones a los combustibles sucios.
Del mismo modo, defiende la incorporación a la enseñanza reglada de la educación para el consumo desde las primeras etapas educativas y la introducción en los estudios universitarios de especialidades que aborden la problemática del consumo.
ESTUDIOS SOBRE CONSUMO
De hecho, según un estudio de Tiendeo, sólo el 14% de los consumidores que conocen sus derechos señalaron como fuente de información la educación, por detrás de amigos o familares (28%), Internet (38%) y las campañas de comunicación sobre consumo (54%).
Este estudio también revela que el 77% de los españoles no conoce sus derechos como consumidores, lo que provoca que el 54% de ellos no emprendan ningún tipo de acción para defender sus derechos.
Asimismo, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) ha realizado una encuesta que concluye que siete de cada diez consumidores denuncia que el tamaño de las letras de las etiquetas de los alimentos es ilegible, mientras que ha habido un importante aumento del porcentaje de consumidores que leen de forma habitual las etiquetas (del 37,6% en 2007 al 81% que las leen "siempre" o "normalmente").
Para CEACCU, el etiquetado de los productos es la principal frustración respecto al nuevo Reglamento de etiquetado, en vigor desde diciembre de 2014, y que prevé, para la información obligatoria de las etiquetas, un tamaño de sólo 1,2 milímetros (equivalente a un cuerpo 4, es decir, la mitad del tamaño que exige la ley como mínimo a los prospectos de los medicamentos). El estudio señala que el 92% de los consumidores estima que, con este cambio, las etiquetas se leerán aún peor.
Así, para promover la lectura de las etiquetas, enseñar a leerlas paso a paso y explicar cómo usar y para qué pueden servir las tablas de información nutricional, CEACCU ha puesto en marcha una campaña de formación. Para ello, ha creado una red de monitores que realizarán durante las dos próximas semanas más de 100 charlas en todo el país. También se ha editado diferentes materiales divulgativos gratuitos y ha lanzado un especial web con contenidos interactivos.