Durante su participación en el 12º Foro Medcap, Sánchez-Yebra ha explicado que las condiciones de financiación eran "complicadas" en 2012, puesto que el Tesoro era incapaz de emitir deuda a más de cinco años por la falta de confianza de los inversores en plena recesión de la economía española, y el 70% de lo colocado estaba en papel a unos tres años.
"El tener prácticamente cerrada la financiación en 2012 hace que los vencimientos lleguen ahora, a pesar de que se esté reduciendo el déficit", ha insistido.
La diferencia, según ha ahondado, es que hace cuatro años el Tesoro pagaba hasta un 5% por emitir letras a seis meses, mientras que ahora cobra por este tipo de subastas. Entre medias, el Tesoro ha tenido que adaptar su estrategia a las condiciones de los mercados y, si en 2007 tenía unas necesidades de financiación brutas de 50.000, este año ascienden a 240.000 millones de euros.
Por otro lado, Sánchez-Yebra ha señalado que las necesidades de financiación de sector público y privado suman 400.000 millones de euros para este año, y que captar estos recursos en unas condiciones a las que se pueda hacer frente es "fundamental", para lo que hay que mantener la confianza de los inversores.
LA BONDAD DE LAS REFORMAS DEL GOBIERNO.
Al respecto, Sánchez-Yebra ha indicado que las reformas estructurales llevadas a cabo en los últimos años, en especial la reestructuración bancaria, están haciendo que vuelvan los inversores, más confiados en la solvencia de España, y que el país presente un ritmo de crecimiento más positivo que el resto de países de la UE, que comparten los mismos vientos de cola.
La secretaria general del Tesoro y Política Financiera ha asegurado que el organismo adscrito al Ministerio de Economía ha podido ver esa recuperación de la confianza "en tiempo real" y ha insistido en "la rapidez con la que el Gobierno abordó" la reestructuración bancaria.
Por otro lado, Sánchez-Yebra también ha puesto en valor que estas maniobras han permitido elevar la ratio de provisiones de la banca española hasta el 47%, por encima de los niveles medios de la UE y de las exigencias de Basilea III, al tiempo que se ha producido un desapalancamiento de la economía española de unos 500.000 millones de euros, compatible con un incremento de los flujos de crédito.