En el 'Informe de Fiscalización de la Gestión y Control Contables del Inmovililizado Material de la Administración General del Estado', que recoge Europa Press, el órgano fiscalizador explica que en el último cuarto de siglo el CIBI sólo ha actualizado los valores derivados de obras o grandes reparaciones de los inmuebles.
Eso significa que desde 1987 no se ha aplicado la revalorización del mercado inmobiliario, algo particularmente destacable en el caso de 10.738 de los 15.458 bienes registrados entre 1987 y 1991 en el Control del Inventario del Inmovilizado Material (CIMA), previo al actual.
NI SIQUIERA EL VALOR CATASTRAL
Además, el ente que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que una parte de las altas del inventario ni siquiera utilizan como valor de referencia su valor catastral, pese a tenerlo, y tienen asignados valores inferiores o iguales a 1 euro. Es el caso de 7.065 bienes (14,28% del total) cuyo valor catastral supera los 4.147,16 millones de euros pese a que el consignado en el CIBI asciende únicamente a 4.724,25 euros.
El Tribunal de Cuentas señala asimismo que "no hay previsto ningún plan para actualizar" esta situación aunque también reconoce que "no parece razonable" acometer una valoración general de los bienes por los "recursos que deberían destinarse" a esta finalidad.
"Sí resulta razonable, no obstante, abordar actuaciones que permitan mejorar la representatividad del Inventario General de Bienes Inmuebles no sólo como soporte de la contabilidad patrimonial de la Administración General del Estado sino como instrumento de control de sus bienes inmuebles", matiza a renglón seguido.
Entre otras cosas, sugiere la utilización de los valores catastrales, planes de actuación para detectar los bienes procedentes del CIMA cuyo valor presente un "mayor riesgo" de desactualización y verificar si se usó un criterio "adecuado" para calcular su valor inicial.
FOMENTO NO SABE CUÁNTAS VIVIENDAS TIENE
Por otra parte, en el informe se pone de manifiesto que la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo "desconoce la totalidad de las viviendas de titularidad pública cuya gestión le corresponde" aunque se encuentra inmersa en un proceso de "obtención y depuración de la información que sobre viviendas de titularidad de la Administración General del Estado existe en los diversos registros de la propiedad".
Del mismo modo, la Dirección General de Carreteras, también dependiente del Ministerio de Fomento, tampoco tiene inventariadas las fincas expropiadas incorporadas a un proyecto en tramitación o en ejecución que no forman parte del Patrimonio Vial ni los remanentes de terrenos sobrantes tras las expropiaciones.
En este sentido, el organismo fiscalizador recomienda a Fomento que promueva un plan de actuación para "aflorar" las viviendas no controladas y los remanentes de terrenos sobrantes tras las expropiaciones. De igual modo, sugiere a Agricultura otro plan de actuación para "cancelar los registros de infraestructuras" que no deberían figurar en el CIBI.
En cualquier caso, el Tribunal señala que la situación de desconocimiento de los bienes es general en todos los ministerios, y que "sólo en lo que se refiere a los equipos informáticos y a los elementos de transporte se ha observado un mayor rigor".