"Estos nuevos impuestos a la generación se van a trasladar íntegramente al 'pool' y por tanto seremos los agricultores y ganaderos, entre otros, los que asumiremos estas nuevas subidas", ha señalado la organización agraria.
En el sistema español, el precio de los diferentes tipos de energía se fija a partir de la tecnología más cara, que marca después el precio del resto.
UPA ha apostado por modificar este sistema hacia otro que pondere los costes reales de generación de cada tecnología, al tiempo que se ha referido al canon a la generación de energía hidroeléctrica que establece el nuevo Proyecto de Ley.
La organización ha planteado que en lugar de destinar este canon a reducir el déficit tarifario, sirva para asegurar la supervivencia de los regadíos modernizados españoles, que ahorran agua y energía, pero requieren fuertes inversiones por parte de los agricultores.
Las eléctricas pagan entre 10 y 20 millones de euros por usar el agua para producir electricidad, un impuesto "irrisorio", según UPA, teniendo en cuenta que "obtienen después más de 1.000 millones de euros de beneficio".