Unión, Progreso y Democracia (UPyD) exige al Gobierno que los proveedores municipales y autonómicos puedan cobrar sus facturas a través de una ventanilla única estatal cuando la administración correspondiente no satisfaga sus deudas en un plazo máximo de 30 días, tal y como establece la ley, y que sea posteriormente el Ejecutivo central el que detraiga dichas cantidades de los recursos a transferir a las otras administraciones.
Así consta en una de las cinco enmiendas que la formación magenta ha presentado al proyecto de ley de Control de la Deuda Comercial, con la que el Gobierno pretende erradicar la morosidad de la Administración pública obligando a las comunidades autónomas y ayuntamientos a publicar su periodo medio de pago a proveedores y aplicando medidas coercitivas de diferente tipo si se supera en 30 días el plazo máximo permitido por la legislación.
UPyD propone así que el Ministerio de Hacienda habilite una ventanilla única donde los acreedores comerciales afectados por la morosidad pública puedan presentar sus facturas para cobrar y que luego descuente esas cantidades de los recursos retenidos a las administraciones territoriales. "Así aflorarían todas las facturas, se facilitaría el acceso a la información y se lograría cumplir el plazo legal definitivamente", argumenta la formación.
OBLIGATORIO TOMAR MEDIDAS
Por otra parte, las enmiendas de UPyD proponen que la Administración que tenga la tutela financiera de las corporaciones locales que incumplan el plazo de pago a proveedores deba (y no sólo pueda, como prevé el proyecto de ley) tomar medidas como retener los recursos derivados de la participación en los tributos del Estado para satisfacer esas obligaciones.
Además, propone modificar la redacción sobre cuándo se supera el periodo medio de pago, de tal manera que se empiecen a tomar medidas una vez pasados los 30 días previstos en la normativa, y no cuando se supere en 30 días ese mes de plazo ordinario.
Finalmente, la formación que dirige Rosa Díez reclama que el Gobierno tenga un plazo máximo de quince días desde la entrada en vigor de la ley para publicar la metodología de cálculo del periodo medio de pago, y se exige que en un máximo de tres meses el Gobierno presente "un verdadero plan de reformas de las administraciones públicas que fusione ayuntamientos, suprima diputaciones y reduzca el tamaño de las administraciones autonómicas, eliminando entes administrativos y no administrativos, duplicados o superfluos".
"Para lograr estos objetivos, el Gobierno hará pleno uso de la condicionalidad que permiten tanto los mecanismos extraordinarios de rescate de estas administraciones, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria", apunta la formación, que discrepa de la reforma local que se está tramitando y que cree que "para erradicar la morosidad pública definitivamente y que no rebrote es preciso solucionar no sólo los problemas de liquidez, sino también los de solvencia".