"Si Manos Limpias está en este juicio es porque siete magistrados, por unanimidad, así lo han decidido, y si la Infanta Cristina está aquí sentada es porque siete magistrados también así lo han considerado". Ha sido una de las reflexiones finales que la abogada que representa al sindicato en el caso Nóos, Virginia López Negrete, ha lanzado durante la exposición de su informe final, en la que ha defendido su labor en este proceso "pese a los momentos difíciles por los que he pasado".
"Mi actuar siempre ha sido profesional", ha incidido la letrada, quien ha puesto fin a su intervención, que se ha prolongado durante dos horas, parafraseando al fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza en el informe que realizó en el juicio por los atentados del 11M y citando a Cicerón: "No hay nada más hermoso que buscar la verdad, pero no hay nada más indigno que buscar la mentira y tratar que esa mentira se convierta en verdad".
La abogada ha hecho suyas las consideraciones que, por su parte, efectuó Zaragoza al término de aquella vista oral en junio de 2007, cuando el fiscal denunció las "situaciones pintorescas" o de "esquizofrenia procesal" que se produjeron en el juicio así como el "intercambio de roles" que tuvo lugar a raíz de la defensa que, por parte de las acusaciones, se llevó a cabo a favor de los inculpados de aquel proceso. Unos hechos que, a juicio de López Negrete, se han reproducido en la vista del caso Nóos.
La letrada ha recordado a las partes del procedimiento que han criticado su personación en la causa que "esta representación está aquí sentada no por una acción espuria, alocada o empecinada, ni nada que se parezca, sino por hechos tozudos que han evidenciado" que la Infanta "está sometida al imperio de la Ley", lo que le ha llevado a estar "aquí sentada".
LA AUDIENCIA DIO PIE A INVESTIGAR A LA INFANTA POR FRAUDE FISCAL
Es más, ha querido dejar claro que las investigaciones sobre Aizoon y "sus entrañas" -la empresa de la que la exduquesa e Iñaki Urdangarin son copropietarios- y "nunca nació de esta parte", sino que fue la propia Audiencia Provincial de Baleares la que indicó al juez que instruyó la causa, José Castro, que "debía investigar esta vía". "Y miren con lo que finalmente nos hemos encontrado", ha remachado.
Y es que, en la resolución con la que el tribunal instó a Castro a iniciar esas pesquisas, dictada en mayo de 2013, la Audiencia dejaba las puertas abiertas a la posible imputación de la Infanta por presunto fraude fiscal, lo que acabó sucediendo meses después. Según señalaba por primera vez la Sala, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de Aizoon.
La Sala incidía asimismo, ya en ese auto, en que, si bien la exduquesa podía desconocer el origen ilegal del dinero público, lo que resulta "más dudoso" para los magistrados de la Sección Segunda es que la Infanta "desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública".
Para los magistrados, la Infanta "debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda" y que "se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos".
Se inició con ello una intensa investigación que, a lo largo de ocho meses, conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, de todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad.