La ministra de Fomento, Ana Pastor, se ha desplazado hasta Panamá para negociar con el gobierno la disputa por la cual el gobierno español acarreraría con el sobrecoste de 1.200 millones de euros en las obras que la empresa española Sacyr se encuentra realizando en el canal.
El consorcio liderado por Sacyr justifica este coste a una aparición de problemas geológicos que no se habían detectado con anterioridad.
Si Sacyr cumple su amenaza, el Estado español tendría que pagar ya que avaló a la constructora con 150 millones de euros. Un aval que ha puesto en entredicho el Tribunal de Cuentas porque según dice, el gobierno de Zapatero lo concedió sin tener en cuenta los criterios técnicos.