Según han trasladado fuentes de Banco Sabadell a Europa Press, la entidad ha recurrido la sanción ya que, a su juicio, "cumplíamos debidamente" con los requerimientos de información solicitados por la Junta de Andalucía pero "no con el requerimiento de la misma norma autonómica que nos obliga a duplicar la información enviándola adicionalmente, además de a la Junta de Andalucía, a cada uno de los ayuntamientos donde tenemos VPO de forma individual".
En este sentido, ha precisado que, aunque "no existe norma clara y específica sobre cómo y qué información se debe transmitir a cada ayuntamiento de forma individual", Banco Sabadell ha procedido a regularizar la situación informando también a los ayuntamientos.
Asimismo, ha añadido que en estos momentos la entidad ha empezado a recibir cartas de los ayuntamientos que, "al no disponer de procedimientos claros, nos piden más información, "información que puntualmente iremos contestando", ha asegurado.
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto ocho procedimientos sancionadores a sendas entidades financieras por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de sus viviendas protegidas en la comunidad autónoma y las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a 11,1 millones de euros.
Las entidades financieras expedientadas son Banco Popular (97 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros correspondientes), BBVA (27), Building Center (26), Unión de Créditos Inmobiliarios (13), Banco Santander (11), Servihabitat (seis), Banco Sabadell (tres) y Anida Operaciones Singulares (dos).