El sindicato CCOO ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que exige que de marcha atrás a la entrega del Registro Civil a los registradores mercantiles al entender que se trata de un "insulto" a la ciudadanía, una "falta de respeto" a los trabajadores de la Administración de Justicia y una actuación que podría constituir un "clamoroso" caso de corrupción.
La central sindical, que presentó una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General del Estado y la Oficina de Conflicto de Intereses contra Rajoy, el ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón y el ex director general de los registros, ha expresado en la misiva su "indignación" por esta decisión, que ha sido muy criticada por todos los profesionales de la Justicia salvo por un "grupo minoritario" de registradores.
CCOO ha recordado que los Registros Civiles han sido servidos por personal funcionario de la Administración de Justicia desde hace más de 140 años, tratándose de un servicio "público, universal y gratuito", al tiempo que ha recalcado que los registradores no son funcionarios públicos según han determinado varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son de "obligado cumplimiento" para España.
"Los datos privados de los ciudadanos ya no estarán a salvo, pues estarán en manos de empresas privadas", ha advertido en un comunicado el sindicato, para augurar que el Registro Civil dejará de ser gratuito "más pronto que tarde".
A su juicio, esta entrega conculca los más elementales principios éticos. "Si el presidente del gobierno, familiares directos suyos y del exministro Gallardón, el ya exdirector general de los registros y del notariado y su equipo son registradores, ¿qué democracia consolidada aguantaría decisiones como ésta, que entrega un servicio público a la profesión de la que esos altos cargos forman parte?", se ha preguntado.