En un comunicado, la CIDH, un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que ha recibido "información preocupante" de que varias personas han sido detenidas de forma arbitraria, de otras se desconoce su paradero y otras que han sido "agredidas" o "amenazadas" tras el golpe militar del domingo.
La CIDH dirigió su petición a los presidentes del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, ante la imposibilidad de remitirla en este momento al depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, y a su canciller, Patricia Rodas.
El domingo las fuerzas armadas expulsaron de Honduras a Zelaya, que pretendía celebrar una consulta popular sobre un cambio constitucional que, según sus detractores, abriría el camino para su reelección, pese a que la Justicia y el Congreso la habían declarado ilegal.
El Parlamento destituyó ese mismo día a Zelaya, que fue trasladado a Costa Rica, y nombró en su lugar al titular de ese órgano, Roberto Micheletti, quien asegura que en Honduras no ha habido un golpe de Estado, sino una "sucesión constitucional".
La Comisión Interamericana dijo que otorgó entre el domingo y el lunes "medidas cautelares" a favor de varias personas, entre ellas Rodas, quien al aparecer "había sido privada de libertad en forma arbitraria y se ignoraba su paradero".
La CIDH había solicitado al Gobierno establecido en Honduras tras el derrocamiento de Zelaya que aclarase la situación y paradero de Rodas, adoptase las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal, y ordenase su puesta en libertad "inmediata".
"Al día siguiente del otorgamiento de la medida, el 29 de junio, la ministra Rodas se encontraba en México", precisó la CIDH.
El organismo también ha pedido información sobre otras autoridades estatales de alto rango, familiares de Zelaya y un grupo de líderes sociales, "con el fin de tomar una decisión sobre varias solicitudes de medidas cautelares".