A favor del proyecto, aprobado el viernes pasado por la Duma o Cámara de Diputados, se pronunciaron 121 senadores, mientras que un solo miembro de la Cámara Alta votó en contra.
El proyecto, que para convertirse en ley aún debe ser promulgado por el presidente Dmitri Medvédev, permitirá al director del FSB o a su adjunto presentar advertencias a los ciudadanos "por acciones inadmisibles que creen condiciones para la comisión de un delito", a modo de profilaxis.
Este proyecto, que según sus autores permitirá a los servicios secretos actuar con mayor efectividad en la lucha contra el terrorismo, fue acompañado de enmiendas al Código Administrativo, que incorporan sanciones por incumplimiento de órdenes legítimas de los miembros del FSB y por entorpecer la labor de éstos.
Por esos motivos, los ciudadanos rusos podrán ser castigados con multas que van de los 500 a los 1.000 rublos (unos 16 y 32 dólares) y con hasta 15 días de arresto.
"Esta ley apunta en primer lugar contra la oposición. Le tienen miedo a la gente independiente", dijo a la agencia Interfax el ex viceprimer ministro y dirigente del movimiento opositor Solidaridad, Borís Nemtsov, al comentar la aprobación del proyecto.
Nemtsov agregó: "Se trata de una ley draconiana que no tiene análogos en el mundo y que nos recuerda nuestro pasado de represiones".
Coincidió con él Serguéi Ivanenko, miembro del Comité Político del partido liberal Yábloko, quien denunció que se trata de una "ley de un Estado policial".
"En los países democráticos, si es que existen este tipo de leyes, están bajo un poderoso sistema de control civil, social y parlamentario. En nuestras condiciones, (esta ley) supondrá el poder absoluto de los servicios secretos", dijo Ivanenko.