La publicación de los bienes y actividades de todos los parlamentarios de las Cortes valencianas ya están disponible en la Red. Si hace unos meses se hicieron públicas las declaraciones de los diputados de la oposición, a partir de este martes, ya está disponible el patrimonio de todos y cada uno de los parlamentarios, incluidos los del PP.
Así, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, asegura en su declaración de actividades y bienes patrimoniales que tiene una cuenta corriente con un saldo de 905 euros, además de otra compartida con su mujer con un saldo total de 2.779 euros.
Asimismo, dispone del 50% de una vivienda ubicada en Valencia con un valor catastral de 110.339 euros, un vehículo Saab 900 del año 1995 por valor aproximado de 1.500 euros y un plan de pensiones solidario, a través de Aseval-Bancaja por 8.309 euros.
Barberá, sin propiedades
Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no tiene en propiedad ningún bien inmueble según su declaración. Sí cuenta con un activo de bienes no inmuebles por valor de 295.000 euros, que se desprenden de títulos de valores de Banco de Valencia, banco Santander, BBVA, Telefónica, Iberia, ACS, Española del Zinc
La primer edil tiene, además, dos planes de pensiones en Bancaja, una imposición a plazo fijo, un fondo de inversión, varias cuentas corrientes, un vehículo de más de 21 años y, un préstamo personal de 12.000 euros.
Cotino, casi dos millones de euros
Uno de los patrimonio más abultados de los diputados valencianos es el del vicepresidente tercero del Consell., Juan Cotino. Según su declaración, posee cerca de dos millones de euros (1.899.576,16 euros en concreto) entre acciones, empresas y cuentas bancarias. Además, tiene una vivienda heredada con un valor catastral de 7.735,84 euros.
La publicación de los bienes de los 99 diputados valencianos se produce con motivo de la reforma del artículo 21.4 del Reglamento de Les Corts, que se votó en el pleno del pasado 21 de diciembre.
No obstante, no fue hasta el pasado 2 de febrero cuando se publicó en el BOCV dicha orden, que obligaba a hacer pública la declaración en el plazo de 15 días. EPF