El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado que su institución lleva realizando un esfuerzo "no siempre grato" por erradicar las conductas corruptas, "vengan de donde vengan, sean quienes sean sus autores". Durante un discurso pronunciado ante el Rey en el acto de apertura del Año Judicial, Conde-Pumpido destacó que el número de investigaciones realizada por la Fiscalía Anticorrupción se ha multiplicado por dos en el último año.
Conde-Pumpido, ha abogado por realizar reformas legales para poder disolver aquellos ayuntamientos en los que gobiernen partidos políticos que hayan sido ilegalizados , como es el caso de algunos consistorios que siguen en manos de ANV. Lo que pasa actualmente en determinados municipios del País Vasco y Navarra "no encaja en la taxativa tipicidad de la norma actualmente vigente", según advierte la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, por lo que el Ministerio Público propugnó una "una fórmula general que permita erradicar directamente esta realidad".
Concretamente, propuso la incorporación al artículo 61 de la citada Ley Orgánica de una causa de disolución más, que afecte de forma concreta al Ayuntamiento "que sea gobernado por una mayoría de concejales que hubieran sido elegidos en la lista de un partido ilegalizado". Se evitará así que "un partido político declarado ilegal pueda perpetuar su actividad política a través de los cargos públicos que fueron elegidos en sus listas", ha insistido.
Contra el terrorismo en la Red
El fiscal general del Estado ha señalado que sería deseable, al hilo de la reforma del Código Penal que prepara el Ministerio de Justicia, alcanzar una definición legal del concepto de organización criminal, especialmente de las de carácter terrorista, "que ponga fin a la consideración de éstas como asociaciones ilícitas y opte clara y palmariamente por conceptuarlas como organizaciones criminales". Ello, a juicio del alto representante del Ministerio Público, reforzará la persecución de las nuevas modalidades de actuación del terrorismo internacional, "en particular la difusión de consignas organizativas a través de la red".
En el capítulo de propuestas de modificación legislativa, ha aludido a la reforma que se tramita en las Cortes del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referida a la persecución en España de los delitos de lesa humanidad. La Ley permite según Pumpido la "proliferación de procedimientos relativos a delitos producidos en lugares totalmente extraños y alejados, que se incoan sin perspectiva de eficacia alguna". Esta circunstancia, según el fiscal general, supone un retroceso del principio de jurisdicción universal porque extiende la "sensación de impunidad e ineficacia del Derecho para dar solución a estos conflictos". Por ello, mostró su esperanza en que la reforma en curso termine siendo una realidad. CGS