Esta comisión parlamentaria, que se reúne a puerta cerrada, ha estudiado el informe encargado hace varias semanas a los servicios jurídicos a fin de verificar si era competente o no para investigar los bienes de José Bono, a raíz de distintas informaciones periodísticas publicadas en los últimos meses.
Tras analizar el informe, los miembros de la comisión han votado a favor de declararse no competentes y el PP se ha abstenido. No obstante, el PP ha esgrimido un acuerdo plenario del 13 de febrero de 1990 para insistir en que la Comisión del Estatuto del Diputado está facultado para investigar asuntos de interés público relacionados con el tráfico de influencias.
Más allá de esta vía, el PP no descarta solicitar que se cree una comisión de investigación sobre este tema, hipótesis que ha sido criticada por el resto de grupos parlamentarios.
Declaración de bienes "contundente"
Según ha explicado a los medios el presidente de la comisión, Francesc Vallés, Bono ha acudido a la reunión y ha vuelto a presentar su declaración de bienes, que "ha sido tan contundente" que incluso el PP se ha visto obligado a abstenerse a la hora de decidir la competencia o no de este órgano.
El portavoz del PP en esta comisión, Vicente Ferrer, ha lamentado el acuerdo final y ha alertado de que la imagen del Congreso quede dañado al transmitir la impresión de que no tiene interés en conocer "si el proceder de cualquier diputado ha sido en todo momento el que cabía esperar".
Ferrer ha subrayado que la decisión de hoy "no va a beneficiar en nada a la credibilidad de la Cámara ni a la imagen de la institución", porque "pegarle carpetazo no es lo que la ciudadanía espera del Congreso".
A su juicio, el único responsable de esta situación es Bono por "su insistencia en que la Mesa del Congreso adoptara un acuerdo que avalara su proceder durante estos últimos años", lo que propició que "esto acabara en manos de otra instancia", como es la Comisión del Estatuto del Diputado.
Sobre su exigencia para que esta comisión investigue a Bono, Ferrer ha alegado el acuerdo plenario de 1990 sobre atribución a la comisión de facultades para investigar asuntos de interés público relacionados con el tráfico de influencia.
Francesc Vallès, mientras tanto, ha elogiado el "esfuerzo de transparencia" de Bono, ya que ha adjuntado su declaración de bienes y la carta que envió al líder del PP, Mariano Rajoy, para mostrarle su "disposición" para hablar de su patrimonio.
De ese informe hay que concluir, según ha opinado Vallès, que la Comisión del Estatuto del Diputado tiene "competencias delimitadas", por lo que ha quedado claro que ese organismo no puede estudiar los bienes de ningún parlamentario, ya no sólo del presidente de la Cámara.
Pero fuentes del PP han señalado que, de forma paralela, estudiarán la posibilidad de pedir que se cree una comisión de investigación que podría estudiar la actividad desarrollada por Bono en su etapa anterior a ser presidente del Congreso: en los años en los que ejerció de jefe del Ejecutivo castellanomanchego y, luego, de ministro de Defensa.
"Judicializar la política"
Sobre esta posibilidad, Vallès ha destacado que se trata de un intento de "judicializar la política" que "no fortalece la democracia". "El partido Popular sabe que este asunto está zanjado", ha apostillado.
Durante este tiempo, el PP ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, en la que traslada las últimas informaciones publicadas y reclama la "urgente" intervención en el caso de la Fiscalía Anticorrupción. EBP
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