En una declaración desde el Palacio presidencial de Carondelet, Correa recriminó a su hermano el haber obtenido contratos públicos, lo que ha destapado una ardua polémica que ha sido recogida como "caballo de batalla" de la oposición contra el Gobierno.
El mandatario afirmó que, hasta el momento, no se ha demostrado ningún perjuicio al Estado por lo contratos de su hermano o que estos hayan sido convenidos de forma ilegal, aunque señaló que caen en el ámbito de la ilegitimidad y que afectan al Ejecutivo.
El escándalo saltó hace dos semanas, cuando el diario Expreso reveló que los negocios públicos de Fabricio Correa superaban los 80 millones de dólares, operaciones que el mandatario no conocía.
Además, el propio presidente admitió que entre las firmas de su hermano se incluye una "empresa de papel", constituida en Panamá.
"Todavía no se ha logrado determinar una sola ilegalidad en los mencionados contratos y, si después de las investigaciones que hemos solicitado a los organismos de control se llegase a establecer alguna, tengan la seguridad de que será sancionada con todo el rigor de la ley", afirmó el mandatario.
Pese a ello, Correa expresó que siente "una gran insatisfacción", por la actitud de su hermano, pesar que, según dijo, también embarga a muchos ecuatorianos y correligionarios de su movimiento político: Alianza País.
"Mientras algunos nos jugábamos la vida por el sagrado mandato de cambio que el pueblo ecuatoriano nos diera en las urnas, el hermano del presiente se encontraba haciendo negocios por millones de dólares con el Estado", reprochó.
"Si mi hermano fuera el Presidente, yo jamás le hubiera hecho esto", añadió y repitió que, según su parecer, Fabricio Correa "no debió contratar con el sector público".
Recordó que su Gobierno propuso la enmienda en la ley de contratación pública, aprobada en julio de 2008, para que se prohíba a las instituciones públicas que contraten con hermanos del Presidente, lo que en el pasado sí se permitía.
El mandatario reconoció que la enmienda solo precisaba que se prohibía los contratos con "personas naturales", es decir como sujetos, pero no lo hacía como "personas jurídicas", representantes o socios de empresas.
No obstante, remarcó que "el espíritu" de esa reforma "era muy claro. Por prudencia pública, evitar que los hermanos del Presidente contraten con el sector público".
"Jamás me voy a engañar a mí mismo", añadió Correa tras insistir en que los contratos públicos de su hermano pueden ser legales, pero que "carecen de la fuerza de la verdad".
"Por ello, he ordenado a las autoridades del Gobierno que, bajo el estricto apego al derecho, busquen la terminación unilateral de los contratos (...) que tengan relación con mi hermano", subrayó.
El jefe del Estado dijo que esto no es fácil de resolver, pues si en el proceso de anulación de contratos se cometieran eventuales "errores", el país podría estar sometido a "millonarias demandas".
Correa dijo también que, para evitar sospechas sobre la transparencia de esa decisión, ha solicitado al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Julián Guamán, y a los periodistas del diario Expreso que hicieron la investigación, que conformen una "veeduría ciudadana".
Esto "para que no queden dudas de que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para la anticipada y unilateral terminación de los referidos contratos", remarcó.
"Sé que mi hermano va a ser mi hermano durante toda la vida, pero también mis principios me van a acompañar toda la vida", agregó el mandatario, que admitió que esta situación es "tremendamente dolorosa" para él.
"Siempre haré lo que tenga que hacer, sin importar el costo personal que ello implique. No permitiré que tanta esperanza que hoy vive Ecuador se afecte por los intereses personales de nadie", apostilló el gobernante.