El Gobierno ha planteado este lunes ante el Tribunal Constitucional (TC) un incidente de ejecución de sentencia dirigido a impedir la actividad de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente creada el pasado día 28 por el Parlamento de Cataluña, ya que infringe la sentencia que anuló la declaración independentista y cualquiera de sus efectos. Por primera vez solicita la aplicación del artículo 92 de la denominada "reforma expres" del tribunal de garantías, dirigida a asegurar el cumplimiento de sus sentencias.
Dicho artículo, vigente desde el pasado mes de octubre, prevé que el Tribunal Constitucional "velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones" y que por ello "podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias".
Concretamente, el escrito presentado por los Servicios Jurídicos del Estado solicita al TC que declare que la creación de la citada Comisión de Estudio se declare "nula y sin efecto jurídico alguno" puesto que contraviene lo ordenado por este órgano el pasado 2 de diciembre, cuando declaró inconstitucional la resolución independentista.
Fuentes de la Abogacía del Estado han señalado a Europa Press que en su escrito también que se requiera a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell y a los miembros de la citada Comisión parlamentaria para que "se abstengan de la realización de cualesquiera actuaciones tendentes a poner en funcionamiento o dar continuidad a los trabajos de la Comisión".
Se pide también que el TC advierta a todos ellos "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir" la sentencia y de las responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir de no hacerlo
(HABRÁ AMPLIACIÓN)