El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, dijo en rueda de prensa que esa es la suma calculada de los perjuicios provocados por las operaciones mineras ilegales realizadas en una zona limítrofe de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz.
Se trata de la región limítrofe del río Suches donde el pasado sábado el Ejército boliviano desalojó a mineros extranjeros y retuvo parte de la maquinaria pesada con la que operaban.
Saavedra dijo que la operación se realizó entre los hitos 18, 19 y 20 del lado boliviano con el objetivo de sentar soberanía.
La ubicación de los hitos para Bolivia no está en discusión, si bien hay una comisión mixta que analiza un intento de desvío del cauce del Suches con el supuesto propósito de que la zona aurífera quede en territorio peruano, según el ministro.
Los mineros peruanos operan hacen varios años en sociedad con los bolivianos que les permiten llevar maquinaria pesada para explotar entre 14 y 20 kilos de oro diarios que son comerciados en Perú.
La extracción de 14 kilos supone un valor diario de 429.000 dólares y que anualmente suman más de 150 millones de dólares.
El informe señala que en la zona operan 15 cooperativas legales y medio centenar de ilegales, que hay una presencia de entre 300 y 400 mineros peruanos que ingresan a Bolivia "sin control".
Añade que cada día operan 120 retro-excavadoras durante 24 horas, maquinaria que casi en su totalidad ingresa a Bolivia desde Perú.
El ministro también dijo que la explotación ilegal del oro en la zona está vinculado con los delitos de narcotráfico y contrabando de gas licuado de petróleo y de alimentos.
Tras la intervención en la frontera con Perú, unas 15 cooperativas mineras bolivianas acudieron al ministerio de Minería para regularizar su situación, informaron otras fuentes.
Las Fuerzas Armadas también realizan operaciones en la fronteras con Brasil donde intenta frenar la explotación de oro y de madera.
El viceministro de Desarrollo Productivo Minero, Héctor Córdoba, dijo a la radio estatal Patria Nueva que se calcula que al menos 15 toneladas de oro salen anualmente del país en forma irregular, con lo que el Estado perdería entre 600 y 700 millones de dólares cada año.