"El Ministerio de Justicia no ha cambiado de opinión" y los poderes públicos han intervenido en este asunto "como en todos los demás", ha aseverado Caamaño en rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. La diferencia, ha dicho, es que en este caso están en juego supuestos delitos contra la hacienda pública "y la hacienda pública somos todos nosotros", por lo que la obligación del Gobierno, ha subrayado, es defender y velar por los intereses de todos los españoles.
"Y es la propia Agencia la que ha dicho, que según la investigación que ella misma ha realizado, que creía que sí se han producido delitos", ha añadido el ministro, por lo que se emplazó a la Abogacía del Estado "a que adoptara las medidas necesarias para personarse en defensa de todos los españoles en esa causa".
El titular de Justicia ha recordado que el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó ayer remitir la causa al Tribunal Supremo, por lo que se está a la espera de que éste declare su competencia en este asunto para comparecer ante él o ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No obstante, ha insistido en que "habiendo acreditado la Agencia Tributaria que existe esa posibilidad y haciéndolo en un informe, la obligación del Gobierno de España es personarse y defender los intereses de los españoles". CGS