Según la nota, esas denuncias tramitadas por la Junta y relativas a Estepona fueron impulsadas tanto por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas en Málaga como por la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Se refieren mayoritariamente a construcciones y edificaciones en suelo urbano y urbanizable.
De los cuatro últimos que han declarado ante la juez, el ex consejero delegado de la promotora inmobiliaria 'Valle Romano', Luis Fernando Linares, tiene un plazo de 72 horas para abonar medio millón de euros. En el caso de los dos abogados relacionados con dicha empresa, Armando Pérez y Daniel Delgado, la fianza asciende a 100.000 euros, según fuentes judiciales.
A los tres se les acusa de fraude y malversación y a los dos abogados también se les imputa un presunto tráfico de influencias.
Por su parte, Enrique González, el empresario que gestionó la campaña publicitaria del PSOE en las últimas elecciones municipales en Estepona, ha quedado en libertad provisional sin fianza acusado de tráfico de influencias. Deberá comparecer en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes.
Los detenidos recuperan la normalidad
Entre los que han declarado desde este martes está el presidente del Grupo Prasa, José Romero, que se encuentra ya en libertad bajo fianza de 300.000 euros, y que ha reanudado su actividad "con total normalidad" tras prestar declaración.
La juez instructora ha proseguido durante todo el día con la toma de declaración a varios empresarios, mientras ya han acabado los registros del Ayuntamiento.
La juez ha puesto también en libertad a Ana María Crespo, hermana del edil del PES José Ignacio Crespo, y a J.L.C.A, que debe abonar una fianza de 30.000 euros, y ha dictado libertad provisional sin fianza pero con cargos para el jefe del Servicio Jurídico del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, Andrés Flores, y para M.C.H..
Sobre el futuro del consistorio de Estepona, al ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ha afirmado que el Gobierno no se ha planteado disolver el Ayuntamiento, tal y como hizo con el de Marbella en abril de 2006 tras la 'Operación Malaya'.