Aunque no especifican el período en que el inmigrante podría estar sin empleo antes de regresar a su país, con esta medida los populares pretenden poner sobre la mesa el debate sobre las necesidades migratorias en épocas de paro elevado, y conocer la postura del resto de partidos.
Entre los compromisos que deberían adoptar los inmigrantes estaría también aprender tanto catalán como castellano, pagar impuestos y cotizaciones, y respetar "las leyes, costumbres y valores cívicos" de Cataluña.
En una vista al barrio de Fondo de Santa Coloma de Gramenet -uno de los barrios catalanes en el que la inmigración tiene un mayor impacto-, Camacho ha sostenido que el incumplimiento de este contrato de integración impedirá que el inmigrante pueda renovar los permisos de residencia y de trabajo.
El PP propone que, como contrapartida, el contrato contemple que la Generalitat se comprometa a promover la integración de los inmigrantes, respetar sus creencias y costumbres mientras "no sean contrarias a las leyes y al marco de convivencia", y garantizar su formación.
Acusaciones de xenofobia
La portavoz de la Asociación de Ayuda Mútua de Inmigrantes de Cataluña (AMIC-UGT), Janet Vallejo, ha afirmado que el contrato de integración propuesto por la líder del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, fomenta un modelo de sociedad "xenófobo y discriminatorio".
En declaraciones a Efe, Vallejo ha censurado la propuesta del PPC por la cual cada inmigrante debería firmar un documento conforme regresará a su país de origen si pierde su empleo y pasado un cierto periodo de tiempo no encuentra un nuevo trabajo.
"No podemos hacer un uso instrumental de los trabajadores inmigrantes. Una sociedad que necesitaba a ese trabajador no puede decirle que se vaya de la noche a la mañana. Hablamos de personas, de trabajadores, y la medida afectaría a la convivencia, a todo un modelo de vida que estas personas ya se estaban planteando aquí", ha valorado la portavoz de la asociación de inmigrantes.
Janet Vallejo ha advertido de que el planteamiento del PP de Cataluña, que defiende que no se puede ejercer la misma política de inmigración en tiempos de bonanza que en los de crisis, "atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores venidos de fuera". IUL