El acuerdo se ha tomado en la última sesión de la comisión de investigación del Parlament que ha analizado si CDC se financió irregularmente a través donaciones del Palau de la Música efectuadas por empresas adjudicatarias de obras públicas cuando CiU gobernaba en la Generalitat.
Tal como se esperaba, el tripartito, que considera probada su hipótesis de que CDC se financió de forma irregular tras mes y medio de sesiones de esta comisión, ha usado su mayoría parlamentaria para aprobar su escrito de conclusiones.
A pesar de abstenerse en las recomendaciones de los grupos de la mayoría, PP catalán y Ciudadanos también se han pronunciado a favor de remitir este caso a la Fiscalía, aunque como el resto de grupos se ha limitado a votar sólo a favor de sus conclusiones.
Sin embargo, no han prosperado las peticiones de la oposición de "responsabilidades" políticas del Departamento de Economía de la Generalitat por el caso del proyecto del hotel del Palau.
El PP catalán, de hecho, había pedido directamente la dimisión del titular de ese departamento, Antoni Castells, mientras que CiU exigía depurar responsabilidades al Interventor General de la Generalitat, Josep Maria Portabella, y a la directora general de Patrimonio, Immaculada Turu, por la pérdida patrimonial sufrida con el proyecto del hotel.
Por otra parte, las conclusiones aprobadas, redactadas por PSC, ERC e ICV-EUiA, han instado a la Mesa del Parlament a que traslade la abundante documentación que ha analizado la comisión de investigación "a los juzgados de instrucción de Barcelona que están juzgando las irregularidades en el Palau".
Ello supone que también se remitirá a los juzgados la polémica sobre los fondos transferidos desde el Palau a Àngel Colom para financiar el Partit per la Independència y las supuestas irregularidades en l'Ametlla del Vallès (Barcelona), donde se cree que Fèlix Millet financió campañas municipales a CiU.
Así pues, el Parlament, que está previsto que mañana por la tarde vote estas conclusiones en el pleno, apunta que la documentación analizada "permite probar la existencia de un circuito que se iniciaría con las adjudicaciones de obra pública a Ferrovial".
"Esta empresa compensaría con comisiones que pagaría al Palau en forma de patrocinios y esta institución, a su vez, desviaría una parte de las comisiones a quien ha adjudicado la obra, CiU, que en aquellos momentos tenía el Govern de la Generalitat", apostilla el documento.
Como solución para evitar nuevas irregularidades de este tipo, el tripartito plantea una batería de medidas, entre ellas que quede prohibido que los partidos políticos puedan recibir donaciones por parte de "personas o empresas" que presten servicios a las administraciones públicas o que los hayan prestado durante los dos últimos años.
Y en cuanto al caso del hotel del Palau, el texto aprobado pide "el máximo rigor y celo a la hora de garantizar los intereses económicos de la Generalitat" y plantea "la reversión de la modificación del Plan General Metropolitano que ha comportado esta operación" con el fin de volver al "punto de salida" y dejar "sin efecto la permuta de calificaciones que afecta al inmueble propiedad de la Generalitat".
Durante esta última sesión se ha vuelto a reproducir el intercambio de reproches que han mantenido CiU y el tripartito a lo largo de este mes y medio de sesiones.
El diputado de CiU Jordi Turull, que ha reivindicado el "buen nombre" de la federación, ha insistido en que la comisión ha sido un "tribunal político" y que los grupos del tripartito, por su "desesperación" en el tramo final de la legislatura, han usado "teorías delirantes" y han montado "un festín" contra CiU para tratar de "destruirla".
Por el contrario, Jordi Terrades (PSC), Pere Bosch (ERC) y Daniel Pi (ICV-EUiA) han denunciado los "silencios clamorosos" de CiU ante pruebas de la financiación irregular de CDC, mientras que Santiago Rodríguez (PPC) y Albert Rivera (C's) han denunciado tanto los "indicios" en este sentido como las "irregularidades" de la Generalitat en el asunto del hotel del Palau.