El último de los detenidos, el concejal del PES y ex integrante del GIL Manuel Reina, está pendiente de la decisión de la juez Isabel Conejo. A la espera de lo que ocurra con Reina, la titular del juzgado número 1 de Estepona ha concluido la toma de declaración a los 26 detenidos en este caso, que se ha saldado hasta el momento con cuatro órdenes de prisión, libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros para dieciocho personas libertas sin fianzas y con cargos para otros tres
La instructora del caso ha dictado libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros para el ex director del Área de Urbanismo de Estepona, Pedro López, al que imputa los presuntos delitos de cohecho y malversación. López tendrá la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes y tendrá prohibido abandonar España. La misma fianza ha establecido para Juan Simón, acusado de cohecho y tráfico de influencias.
Ha acordado también dejar en libertad bajo fianza de 30.000 euros al arquitecto municipal, Arturo Cebrián. Está imputado por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, según las mismas fuentes. Además, se ha impuesto una fianza de 15.000 euros al abogado y empresario Manuel Barroso, al que imputa un delito de blanqueo, y al Concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, acusado de cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas.
Ya han abonado la fianza de 500.000 euros el ex consejero delegado de la sociedad Valle Romano Luis Fernando Linares, imputado por los delitos de fraude y malversación; el presidente del Grupo Prasa, José Romero, imputado inicialmente por delitos contra la administración pública, cohecho y blanqueo, al que se le impuso 300.000 euros, misma cantidad que al empresario Antonio Bazán, imputado por presunto fraude y malversación de caudales públicos.
Primera noche en prisión
Ya han pasado su primera noche en la cárcel el concejal del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo, y el técnico de Urbanismo, Xavier Wittmeur. Ayer la magistrada decretó prisión incondicional para ambos. Crespo está imputado por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales y Wittmeur por los supuestos delitos de falsedad en documento, fraude y malversación.
La operación "Astapa", en la que se investiga un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio, comenzó el pasado martes y aún sigue abierta. En ella han sido detenidas 26 personas: el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), seis concejales, empresarios, abogados y empleados municipales con altas responsabilidades.
Antes de conocer la decisión de su ingreso en prisión, Barrientos presentó su dimisión irrevocable mediante un escrito dirigido al pleno de la Corporación. El escrito lo presentará el próximo lunes la concejala del PSOE, María Miralles, en el registro del Ayuntamiento. EPF/MLS