Durante un almuerzo de trabajo, los grupos parlamentarios acordaron realizar plenos y comisiones durante 11 meses al año.
Los representantes del PP, el PSOE, Entesa Catalana de Progrés, el Grupo Catalán, Senadores Nacionalistas y el Grupo Mixto han estudiado un informe de los servicios jurídicos de la Cámara Alta, en el cual se exploraban vías legales alternativas a la reforma constitucional para poder habilitar estos meses para el trabajo parlamentario. La decisión ha sido unánime: se podía impulsar la medida, y sin retocar para ello la Carta Magna.
Aunque toda la Junta de Portavoces ha respaldado la propuesta de Rojo, el portavoz de la Entesa (PSC, ERC e ICV), Ramon Aleu, ha opinado que la opción más recomendable sería acometer una modificación del texto constitucional. Y es que, según fuentes senatoriales, la reforma sería "idónea desde una perspectiva técnico-jurídica", aunque "son conocidas las dificultades" de cambiar la Carta Magna. De esta forma, el Senado ha optado por un atajo para "lograr un efecto equivalente".
Cruzada parlamentaria
La institución de la Plaza de la Marina Española anuncia así el ocaso del actual calendario parlamentario, forjado en tiempos de la Transición. Desde 1978, las Cortes se reúnen en dos periodos de sesiones, de febrero a junio y de septiembre a diciembre.
No obstante, el debate sobre las excesivas vacaciones parlamentarias reaparece cada poco. Los populares ya reclamaron en 2009 habilitar estos meses para la política, y este mismo año la discusión volvió a arreciar.
La iniciativa ha partido del propio presidente del Senado, que solicitó que sus juristas estudiaran qué soluciones podían arbitrarse. En concreto, Rojo presentó su idea el pasado 2 de marzo, y tanto el PSOE como el PP recibieron con agrado la proposición de que la Cámara Alta tenga también actividad legislativa en esos meses hasta ahora inhábiles.
El presidente del Congreso, José Bono, acarició luego esta ambición y no tardó en recoger el guante. Bono envió a finales de la semana pasada una carta a los grupos parlamentarios para exponerles el plan. Sin embargo, su compañero ha sido más resuelto.
El Senado y, sólo 24 horas después, remitió el martes el texto a los partidos el acuerdo ya está fraguado, consagrando así enero y julio para mantener sesiones extraordinarias.
No obstante, Rojo ha negado que su Cámara se haya "adelantado" al Congreso de los Diputados, que todavía no ha tomado una medida similar pese a la demanda social. De hecho, subrayó que ambas Cámaras tienen "una relación perfecta" y existe "sintonía, y una gran colaboración" con objetivos comunes.
11 meses al año
Los meses hábiles del Senado pasarán a ser 11 (todos menos agosto, que seguirá siendo festivo), dos más que antes. La actual distribución de los períodos ordinarios de sesiones, tanto en el Congreso como en el Senado, viene delimitada por el artículo 73 de la Constitución, que establece que las sesiones tendrán lugar de febrero a junio y de septiembre a diciembre.
En los meses de enero y julio (inhábiles por mandato constitucional) será la Diputación Permanente la que convoque esos plenos y la Junta de Portavoces decidirá el orden del día, como ha explicado Rojo en rueda de prensa.
Por otro lado, los próximos órdenes del día se confeccionarán en el tiempo que resta para julio, ya que hay "tiempo suficiente". Respecto a la posibilidad de que haya sesiones de control al Gobierno, Rojo ha indicado que el Ejecutivo está abierto a los planteamientos del Parlamento, pero que hay que conjugar las agendas.
Defienden su trabajo
Diputados y senadores han recibido este año críticas desde la sociedad y los medios de comunicación, por la larga duración de las vacaciones parlamentarias y sus ausencias en las Cortes. Como muestra un botón: sólo una cincuentena de parlamentarios acudieron a la Carrera de San Jerónimo para el pleno del martes; faltaron casi 300.
Sobre estos ataques, Rojo explicó que no se pretende publicitar más la labor de los senadores y que "el trabajo del parlamentario es más que el de estar en el Parlamento" y es "mucho más intenso".
A su juicio, las "descalificaciones" de este tipo son "profundamente injustas porque no corresponden con la realidad" y no hacen "ningún favor a nadie". "Es momento para reivindicar y poner en valor el trabajo de los parlamentarios", sentenció.