El presidente ha hecho un alto en sus vacaciones para reunirse en Lanzarote con la Ejecutiva regional del PSOE Canario. Durante la rueda de prensa que ha ofrecido ha hecho referencia a las últimas acusaciones vertidas por los populares.
Zapatero, que ha asegurado no haber hablado con Mariano Rajoy, se ha limitado únicamente a pedir "el sentido de la responsabilidad" a algunos dirigentes del PP porque "saben que afortunadamente tenemos una Justicia que funciona conforme a los criterios del Estado de Derecho".
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de sobreseer la causa contra el presidente Camps pareció a principios de semana una buena noticia para los populares, que en ese momento no ocultaron su alegría. "Ha ganado la Justicia, el sentido común y los vendedores de tila", fueron las primeras palabras del líder del PP tras conocer la buena nueva.
Sin embargo, esa satisfacción sólo duró unas horas, las mismas que tardó el Gobierno en anunciar la intención de la Fiscalía de recurrir el fallo al no compartir la valoración alegada por los jueces valencianos.
Guerra abierta
Tras ello, el PP inició una guerra abierta contra el Gobierno vertiendo graves acusaciones contra él. La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, aseguró que los fiscales se encontraban al servicio del PSOE y que era "la primera vez que un Gobierno utilizaba a la Fiscalía para perseguir, no a la banda terrorista ETA, sino a un partido político".
La respuesta del Ejecutivo no tardó en producirse. La vicepresidenta De la Vega consideraba "normal" la comunicación del Ministerio Fiscal y achacó a "cuentos populares" la táctica del PP de sembrar dudas en ese asunto.
Trillo, desencadenante de la denuncia
Federico Trillo es el dirigente del PP que se siente espiado por jueces y policía.
Al parecer, una conversación telefónica de Trillo, con su abogado es lo que ha desencadenado la denuncia del PP. Casualidades del destino, el magistrado se apellida igual que uno de los magistrados que el lunes archivaron la causa contra Camps, y hubo quien denunció presiones del PP al Tribunal.
La respuesta de la policía
Los sindicatos policiales SUP, CEP y SPP han negado la participación de cualquiera de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en escuchas telefónicas ilegales porque este tipo de intervenciones deben contar siempre con la autorización de un juez para evitar la vulneración de derechos fundamentales. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, no descarta sin embargo que Cospedal se esté refiriendo a "los nuevos elementos tecnológicos de los que disponen los Cuerpos de Seguridad -Policía, Guardia Civil o CNI- que les permiten interceptar y escuchar las conversaciones que se emiten desde los teléfonos móviles sin dejar ningún rastro".EPF
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