La Fiscalía consideraba que el acusado Antonio M., jefe del grupo de tráfico de la policía catalana de Granollers (Barcelona) y que era "muy amigo" de la implicada en la trama, Núria L., intentó obtener información de los agentes de Manresa, donde ella estaba encarcelada, según la sentencia.
Precisamente en esta comisaría de Manresa estaba destinado el segundo encausado, Javier T., a quien Antonio M. llamó para que visitara a su supuesta amiga en los calabozos, pese a que ni siquiera pudo entrar porque estaba incomunicada.
Ambos se enfrentaban a una pena de tres años de prisión y siete de inhabilitación por delitos de omisión del deber de perseguir delitos y otro de revelación de secretos o informaciones por funcionario público.
Según el fiscal, el cabo coincidió en la estación de ITV de Argentona (Barcelona) con los policías que llevaban las pesquisas, cuando Antoni M. supo que estaban investigando a su supuesta compañera, sobre la que durante el juicio dijo que era amiga y "informadora" habitual suya --como confidente pero sin cobrar--.
En ese encuentro, les dijo a sus compañeros que Núria L. tenía mucha información y les podía ayudar, e incluso les pedía que la dejaran fuera de la investigación y que, en vez de imputarla, la trataran como testigo.
Como relataron durante el juicio, los agentes quedaron "sorprendidos" por la actitud del procesado y decidieron engañarle sobre el curso de la investigación para determinar si era él quien había filtrado información, puesto que coincidió con que habían notado una reducción de la actividad delictiva durante ese periodo.
En la sentencia, el tribunal acredita que Antonio M. informó a Núria L. sobre la existencia de la investigación, su condición de imputada policial y la posible imputación judicial, así como la extensión de la investigación sobre otras personas.
LA INFORMADORA
De hecho, no la propuso como informadora hasta la segunda reunión con los agentes, cuando ya había accedido a su ficha para saber el alcance de su implicación.
"Conocía perfectamente la trama y sus actividades delictivas, pero ninguna investigación inició, incumplió así el deber encomendado, dado que además era el responsable de esas investigaciones en su zona, atendiendo su condición de cabo", concreta el juez.
Sobre el otro encausado el juez ha fallado que su actuación, que consistió en pretender informar del número de diligencias policiales e interesarse por el estado de la encarcelada, "carece de relevancia penal" porque no se ha podido acreditar ni que tuviera acceso a determinados documentos.
Mientras que Francisco Javier T. ha quedado absuelto, Antonio M. quedará inhabilitado durante un año para el empleo o cargo público y deberá pagar una multa de 2.400 euros, además del pago de las costas procesales.