La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha exigido este miércoles que se amplíen el número de funcionarios, así como las medidas de seguridad en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) tras el suceso protagonizado este domingo por dos reclusos "conflictivos", según ha narrado que tenían previsto secuestrar a dos trabajadores del centro penitenciario. Este hubiera sido el segundo secuestro perpetrado en menos de seis meses, debido a que en el mes de marzo de este año un preso retuvo a un educador durante una mañana entera con un "pincho" en el cuello.
Según han informado fuentes de Acaip a Europa Press, los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando tras una serie de investigaciones llevadas a cabo por los funcionarios que trabajan habitualmente en el departamento de aislamiento averiguaron que dos presos, identificados como P.A.M.R. y N.Y.S., del citado centro estaban planeando secuestrar al día siguiente a dos funcionarios.
En este sentido, según han precisado las fuentes, los reclusos para llevar a cabo el secuestro tenían guardado entre sus pertenencias, un "cuatro pinchos" que habían fabricado artesanalmente a partir de las pletinas de metal que sirven de soporte a las televisiones de plasma que existen en todas las celdas.
Asimismo, el cabecilla de la idea P.A.M.R., que cuenta con antecedentes de este tipo, ha sido trasladado a una prisión de Huelva. Este interno protagonizó en 2007 el secuestro de tres funcionarios a quienes los reclusos amenazaron con objetos punzantes y "pinchos", motivo por el que ha sido condenado recientemente a 21 años de prisión, añade el sindicato.
SOLO HAY SEIS FUNCIONARIOS PARA 56 PRESOS
Por todo ello, desde Acaip han subrayado que en el citado centro penitenciario actualmente hay ingresados 54 presos y "solo seis funcionarios" encargados de su vigilancia y del desarrollo de las innumerables tareas asignadas. Del mismo modo, ha exigido que se "incrementen los medios de seguridad" en el departamento de aislamiento y que se retiren cualquier elemento susceptible de ser manipulado para su posterior uso como elemento de agresión.
Al hilo, las mismas fuentes han señalado que "no se deben aplicar" los programas de tratamientos con internos de peligrosidad extrema, pues consideran que al margen de poner en riesgo la integridad de los funcionarios, "supone una innecesaria sobrecarga, otra más, añadida a la labor de vigilancia de dichos internos".