"Esta es también una oportunidad para que el Gobierno español garantice la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad y reforme la legislación y las prácticas antiterroristas que han causado esas violaciones o han contribuido a ellas", ha sostenido en un comunicado la directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, Nicola Duckworth.
Según ha recordado, Amnistía Internacional ha pedido durante muchos años al Gobierno español que elimine la detención en régimen de incomunicación, garantice a todos los detenidos el acceso inmediato y efectivo a un abogado de su elección, reforme la práctica penitenciaria de la dispersión de detenidos o presos etarras y elimine "las ambigüedades" de la Ley de Partidos Políticos que "podrían conculcar el derecho a la libertad de pensamiento, expresión, asociación o reunión".
La asociación asegura que lleva mucho tiempo esperando a que ETA anuncie el final de la violencia con la que ha cometido "abusos graves contra los derechos humanos" y ha pedido que este abandono de la violencia sea "definitivo y permanente", además de que todos sus responsables comparezcan ante la justicia.
"No se debe olvidar a las víctimas ni a sus familias. El gobierno español debe garantizarles el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos", ha insistido Duckworth.